Al parecer, la medida de fuerza continuará y la semana comenzará sin el servicio de transporte urbano de pasajeros en Capital.
La ausencia de transporte urbano impacta en Corriente en el costado que más duele, que es el bolsillo de los trabajadores y las clases populares, obligadas a utilizar medios alternativos de traslado como consecuencia de un conflicto salarial del que no son parte sino víctimas.
El paro declarado por la Unión Tranviario Automotor (UTA), legitimado por choferes que esperaban completar sus ingresos en un contexto de inflación que se asoma a la catástrofe, dejó a Corrientes sin colectivos durante tres días, que podrían ser más de no mediar respuestas de autoridades en cuyas manos reside el poder de habilitar recursos en forma de subsidios acordados desde hace mucho tiempo.
Razones de fuerza mayor seguramente relacionadas con los recortes intempestivos aplicados por el Gobierno Nacional saliente, impiden la efectivización de fondos que destrabarían la protesta gremial que, por el momento, transita el laberinto de la incertidumbre.
El problema es que mientras no haya definiciones de los responsables en este entuerto, la gente se ve gravemente afectada ante la ausencia de un servicio indispensable para llegar a sus empleos, las escuelas, los centros sanitarios y todo otro espacio institucional del que dependen gestiones vitales para miles de familias sin medios para reemplazar el colectivo.
Fuentes de diario época constataron que en los últimos dos días las tarifas de Uber se duplicaron, como consecuencia del algoritmo que activa la aplicación cuando se registra un incremento de demanda: si un viaje del barrio Fray José de la Quintana al centro costaba 1.500 pesos a las 8, hoy el mismo recorrido en un vehículo al servicio de la misma app ronda los 3.000 pesos en horario pico.
Una persona que trabaja entre las cuatro avenidas y se domicilia en la periferia, en una ciudad que se ha expandido hacia barrios remotos como Santa Catalina, terminará gastando medio sueldo en transporte si el problema salarial de los colectiveros no se arregla en un tiempo prudencial.
Ese cuadro de situación se multiplica por 120.000 personas que utilizan diariamente el servicio de transporte urbano en la capital correntina durante los días hábiles, con lo cual queda claro que el quebranto económico causado a los consumidores con menos poder adquisitivo es dramático.
El otro efecto es la multiplicación de las familias rodantes que se desplazan de a cuatro y hasta cinco personas (la mayoría niños de corta edad y hasta bebés) en una motocicleta de baja cilindrada con tal de ahorrar en remís. El riesgo de accidentes aumenta exponencialmente con cada moto que transita en estas condiciones de imprudencia extrema.
El conflicto del transporte, por el momento, no se decanta hacia alguna solución de corto plazo. Todo indica que la nueva semana comenzará con la misma situación crítica, con miles de personas como jamón del sándwich de dos sectores que entrecruzan acusaciones y reproches en un momento crítico de la economía nacional y frente a un recambio de gobierno que, a juzgar por sus promesas electorales, podría profundizar las diferencias sin que nadie se anime a tomar el toro por las astas.