(Corresponsalía Buenos Aires) – Durante la feria judicial, el vocero Manuel Adorni hizo oficial la intención del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de proponer la creación de una “fiscalía especial” para investigar la corrupción de funcionarios públicos, con enfoque en el enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados.
Sin embargo, varios miembros del Ministerio Público Fiscal se sorprendieron, cuestionando la necesidad de esta nueva entidad, ya que argumentan que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ya cumple dicha función, según lo establecido en la ley orgánica del Ministerio Público.
Algunos fiscales expresaron desconcierto ante la posibilidad de que esta nueva fiscalía especial propuesta por el Gobierno sea una ampliación de funciones o incluso un reemplazo de la PIA. Las preguntas sobre si existe desconocimiento de las competencias de la PIA o si hay una intencionalidad oculta en la propuesta generan incertidumbre entre los profesionales judiciales.
Cabe destacar que la PIA, encabezada actualmente por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, se especializa en la investigación de actos de corrupción y irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional, pero no abarca situaciones en los Poderes Legislativos o Judicial ni en instancias provinciales, como propone Cúneo Libarona.
En medio de la incertidumbre, algunos fiscales consideran que la propuesta gubernamental puede ser interpretada como una sustitución de la PIA, y algunos sugieren que podría deberse a un desconocimiento de las competencias de este organismo. Además, se plantea la posibilidad de que esta iniciativa tenga motivaciones políticas, como presionar a los gobernadores en el contexto de las resistencias a la ley ómnibus.
Aunque algunos fiscales ven con buenos ojos la idea de una fiscalía especializada, otros argumentan que ya existen organismos como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) o la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), dedicados a investigar casos de corrupción. En general, la mayoría coincide en que tanto la PIA como otros organismos del Ministerio Público Fiscal funcionan adecuadamente en la investigación de la corrupción.
La propuesta también genera críticas respecto a su alcance territorial, ya que se plantea la intervención en casos provinciales, lo cual podría generar conflictos de competencia con los sistemas persecutorios provinciales. Además, se cuestiona el conocimiento de Cúneo Libarona sobre el sector público y sus competencias en temas de justicia.
En este contexto de incertidumbre y debate, los fiscales esperan conocer los detalles formales de la propuesta que Cúneo Libarona elevará al procurador general Eduardo Casal, a pesar de que este último no tiene la facultad de crear nuevas fiscalías.