La Secretaría de Educación prevé reunirse con los representantes de CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA para discutir un nuevo piso salarial en todo el país, lo que podría destrabar el comienzo del ciclo lectivo.
A menos de dos semanas de que empiecen las clases en algunas jurisdicciones del país, fuentes de la Secretaría de Educación de la Nación dejaron trascender que convocarán la semana que viene a los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA) para negociar el salario mínimo docente. Esa reunión, que originalmente estaba prevista para la semana pasada, podría destrabar un comienzo del ciclo lectivo que hasta ahora se perfila conflictivo.
Esta semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había señalado que el Gobierno no tenía definido si convocaría o no la paritaria nacional que fija un piso mínimo para el salario docente en todo el país, más allá de las negociaciones en cada jurisdicción (que se están desarrollando en este momento). De hecho, Adorni consideró que no era estrictamente una “paritaria” dado que la educación obligatoria depende de las provincias, un argumento que también había utilizado el macrismo durante su gobierno.
Los sindicatos habían advertido sobre un comienzo de clases conflictivo si no se abría la negociación salarial e incluso interpretaban que el Poder Ejecutivo estaba buscando el conflicto. De hecho, algunas jurisdicciones empezaron a anticiparse a un eventual escenario de paros docentes, como la provincia de Córdoba, que anunció la implementación de un plus por presentismo (al que denominaron “ítem profesionalidad docente”). La medida es similar al “ítem aula” que redujo la adhesión a las huelgas en la provincia de Mendoza, donde se implementa desde hace casi 8 años.
El Gobierno había intentado también limitar las huelgas docentes por medio del DNU 70/2023 (cuyo capítulo laboral fue suspendido por la Justicia) y luego por medio de la Ley Ómnibus, cuyo debate fracasó en el Congreso. En ambos casos se proponía declarar la educación como “servicio esencial”.
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Roberto Baradel (Gustavo Gavotti)
La última paritaria nacional docente, realizada en septiembre del año pasado, había fijado el salario mínimo docente en 250 mil pesos en diciembre. Esa cifra marca un piso para lo que debería cobrar en todo el país un maestro de grado común, de jornada simple y sin antigüedad. Con una inflación acumulada de 51,4% entre diciembre y enero, esos salarios quedaron muy desfasados, denuncian desde los gremios.
Los gremios sostienen que la paritaria nacional docente está prevista en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075), que establece que el Ministerio (ahora Secretaría) de Educación, el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional acuerden “pautas generales” referidas a las condiciones laborales, el calendario educativo, la carrera y el salario mínimo docente.
En su versión original, la Ley Ómnibus mantenía ese artículo pero luego introducía otro (el 552) que colocaba esa responsabilidad en las provincias, en línea con el argumento actual del Gobierno nacional. Pero en el proceso de negociación de la ley, ese texto fue modificado y la versión que llegó al recinto mantenía que “se acordará el salario mínimo docente con la representación nacional de los gremios docentes”. Tras el fracaso de la ley, en los últimos días el Gobierno había sostenido que la responsabilidad de los salarios docentes era de cada provincia, más allá de no haber podido modificar la normativa.
Esa discusión sobre las responsabilidades de Nación y provincias sobre el sistema educativo se expresó también en la decisión del Gobierno de suspender los aportes nacionales al salario docente: el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial. El primero representa un porcentaje del salario que cobran, de manera igualitaria, más de 1,6 millones de docentes de todo el país del sistema educativo formal, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario. El segundo, en cambio, solo lo cobran las provincias de menores recursos.
La decisión del Gobierno nacional motivó un reclamo firmado por los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones, quienes en una carta dirigida al secretario Carlos Torrendell denunciaron “la falta de certeza sobre el escenario presente y futuro respecto a la continuidad en las transferencias de los fondos referidos, de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa en nuestras jurisdicciones”.
“No hay aumentos desde noviembre, creció la inflación, los alquileres, hay tarifazos, aumentos de transportes. El gobierno nacional debe enviar los fondos a las provincias y convocar en forma urgente a la paritaria nacional docente”, señaló CTERA ayer en un comunicado firmado por Sonia Alesso y Roberto Baradel.
Por su parte, la CGT advirtió: “Es urgente la discusión del Salario Mínimo Nacional Docente, FONID, material didáctico/conectividad, fondo compensador, fondo de infraestructura y todas las transferencias de fondos a las provincias para cumplir con la normativa vigente”.
El 26 de febrero se inicia el ciclo lectivo en CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Fe. Según el calendario oficial, el martes 27 de febrero se sumarán los alumnos de Catamarca y La Rioja; el jueves 29 empieza Santa Cruz y el viernes 1° de marzo, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán. En el resto de las provincias las clases comienzan la otra semana, el lunes 4 de marzo.
Sin embargo, en algunas escuelas privadas que implementan el receso de primavera en septiembre las clases empiezan la semana próxima. Justamente para los alumnos de escuelas privadas, el presidente Javier Milei anticipó hoy que el Ministerio de Capital Humano está preparando ayudas económicas en forma de vouchers para comprar útiles escolares y para pagar las cuotas.
Además, hoy se conoció que el Gobierno prorrogó hasta fin de año la exención para los colegios privados del pago de contribuciones patronales, para evitar un incremento “importante” en las cuotas que abonan las familias, a través del decreto 134/2024 publicado en el Boletín Oficial.
“El incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”, señala la norma que prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2024 esta exención para los colegios privados. En este caso, a diferencia de lo que pasó con el FONID, el Gobierno nacional decidió prorrogar por DNU la medida, como se venía haciendo desde diciembre de 2019.
Fuente: Infobae.