(El Diario. ar y Corresponsalía Bs As) – La Constitución establece que los candidatos para integrar el máximo tribunal de Justicia del país deben contar con el respaldo de dos tercios de la Cámara alta, una mayoría que actualmente parece inalcanzable. Esta situación plantea un escenario donde, ante la jubilación próxima de Juan Carlos Maqueda, la Corte podría quedarse en 2025 con solo tres miembros.
El panorama se complica aún más con la propuesta del gobierno para que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla ocupen esos puestos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, obtener el apoyo necesario en el Senado para estas designaciones se presenta como un desafío considerable, tanto que en el edificio del Congreso como en la Casa Rosada, nadie parece tener una solución clara.
Con solo cuatro jueces en la Corte desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021, la situación se vuelve más urgente. A pesar de la propuesta del gobierno actual, encabezado por Alberto Fernández, es evidente que la aprobación de Lijo y García Mansilla se enfrenta a dificultades considerables.
El proceso de selección de jueces para la Corte ha evolucionado con el tiempo, pasando de una aprobación por mayoría absoluta a la actual exigencia de dos tercios de los presentes en sesión. Este cambio ha elevado el umbral de consenso necesario para confirmar las designaciones, un desafío que Lijo y García Mansilla parecen no poder superar en el contexto político actual.
Ante este panorama, las opiniones en el Senado reflejan escepticismo y dudas sobre la viabilidad de estas nominaciones. Tanto en el radicalismo como en el peronismo, no se vislumbra un consenso suficiente para respaldar las candidaturas propuestas por el gobierno.
Sin un respaldo significativo, las chances de que Lijo y García Mansilla ocupen los cargos en la Corte parecen remotas. Es posible que se deba esperar hasta el próximo ciclo electoral en octubre de 2025 para que la renovación parlamentaria pueda cambiar este escenario. Por ahora, la incertidumbre persiste sobre el futuro de la máxima instancia judicial del país.