La nueva Ley de Bases y Punto de Partida podría comenzar a discutirse en comisiones esta semana, tras recibir los diputados y gobernadores dialoguistas un borrador del texto que pasó de más de 600 artículos, a 279. El oficialismo correntino ya anticipó que acompañará la iniciativa. Por otra parte, todo indica que el peronismo local se abroquelaría en contra.
Al nuevo proyecto, anteriormente denominado Ómnibus, se incluirá la reforma laboral, impulsado desde la bancada del radicalismo en la Cámara baja provincial y la reforma fiscal. Este último, uno de los puntos de mayor discusión con los gobernadores por la distribución de los fondos.
Gustavo Valdés había anticipado la semana pasada que “acompañará la Ley de Bases”, ya que entiende que el mandato electoral fue lograr el cambio en la sociedad argentina. “Esta es la propuesta de cambio que votamos los argentinos y esta propuesta de cambio quiere tener su ley”, expresó días atrás el Mandatario ante la consulta de la prensa.
Desde un principio, el correntino ha sido uno de los gobernadores con mayor predisposición al diálogo con la Casa Rosada, pese a los conflictos que mantuvo Javier Milei con sus pares, aún de su propio espacio político. En el caso de Corrientes, esta podría aportar para el proyecto de La Libertad Avanza tres votos, si se tiene en cuenta a los radicales Alfredo Vallejos y Manuel Aguirre, como así, a la dirigente del PRO, Sofía Brambilla. A lo que se suma el correntino Lisandro Almirón, quien está por la lista de los libertarios.
En una posición diametralmente opuesta se ubican los peronistas Jorge Antonio Romero, Nancy Sand y Cristian Zulli, quienes manifestaron su descontento hacia varios aspectos de la ley, entre ellos, el capítulo de las privatizaciones.
Uno de los puntos de conflicto con el sector sindical es la posible incorporación de una reforma laboral impulsada desde la UCR y el PRO. Esta podría agregarse en el dictamen final y supliría el capítulo del mega DNU suspendido por la Justicia Federal.
Otro de los aspectos que requirió de mayores consensos con los gobernadores por el reparto de coparticipación fue la restitución del Impuesto a las Ganancias. El Ejecutivo nacional propone que los solteros con ingresos mayores a $1,8 millón tributen; mientras que los casados con hijos, a partir de los $2,2 millones.
En cuanto al nuevo texto, el Artículo 1 de la Ley de Bases incluye la declaración de emergencia para solamente tres cuestiones: económica, financiera y energética. Y por el plazo de solo un año. De esta manera, ya no se solicitan 11 emergencias como se había estipulado en el texto original del 28 de diciembre. Tampoco que se extienda por cuatro años. A su vez, se deja claro que el Poder Ejecutivo deberá informar mensualmente y en forma detallada al Congreso acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos.
Otro de los puntos conflictos es el título II que se corresponde con la Reforma del Estado. Allí se establecen la reducción del “sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”. Se busca asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas. Esto implica, a su vez, el desarmado de los fondos fiduciarios para transferirlos directamente al Tesoro Nacional.