En medio de las denuncias por malversación de recursos para comedores comunitarios, una situación que enfrenta al Gobierno con diversas organizaciones sociales, continúan paralizados los envíos de alimento al sistema de centros en que se da de comer a sectores populares afectados por la crisis económica y la pobreza creciente.
De esta manera, la administración de Javier Milei no entrega alimentos a los comedores populares desde que comenzó su mandato, en diciembre último. Así, se reclamó reactivar los envíos mientras siguen las investigaciones sobre graves irregularidades en el sistema de distribución.
Incluso, la propia Justicia argentina ordenó esta semana al Ejecutivo Nacional a que distribuya “de modo inmediato” los alimentos entre los comedores, un stock que permanece en depósitos del Estado y que sería de unas 5.000 toneladas de comida compradas por el gobierno anterior.
Si bien la Casa Rosada anunció que apelará el fallo, hay un reclamo que se repotencia también tras el planteo por los alimentos a los comedores que la propia iglesia católica realizó a través de diversas autoridades eclesiásticas que en los últimos días se pronunciaron al respecto.
Los datos oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) indican que en Argentina más del 41% de la población era pobre o indigente a fines de 2023. Actualmente, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza trepó al 57,4% de la población y el 32% de niños y adolescentes sufre carencias alimentarias.
Por eso se hace clave la labor de los comedores populares.
Preocupación en Corrientes
Referentes de organizaciones sociales en Corrientes siguen de cerca los reclamos del sector a nivel nacional para tratar de destrabar el freno a los alimentos que deben ir a los comedores, dijeron
Este miércoles se desarrolló un encuentro a nivel país del sector y el tema de los comedores fue el principal.