La Casa Rosada quiere negociar desde una postura de fortaleza con la oposición. El oficialismo está dispuesto a acordar la ampliación del máximo tribunal y la integración de una mujer, pero pone como condición que se voten primero sus candidatos.
El Gobierno busca acordar cambios en la Corte Suprema con Cristina Kirchner tras la confirmación de su condena por administración fraudulenta. El Ejecutivo quiere retomar las negociaciones con el kirchnerismo para sumar jueces al máximo tribunal.
Se trata de los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla, que no tienen dictamen de la comisión de Acuerdos del Senado. El encargado de las negociaciones por Nación es el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que mantiene la mesa de diálogo con la oposición.
La Casa Rosada está dispuesta a negociar la ampliación y la integración de una mujer a la Corte Suprema, pero pone como condición que se voten primero los pliegos de sus candidatos. En Balcarce 50 buscan cerrar un acuerdo con el kirchnerismo mientras la expresidenta avanza con su estrategia judicial para apelar la confirmación de la condena.
En Nación sostienen que negociaron la presentación del pliego de Lijo con el juez supremo Ricardo Lorenzetti y aseguran que “es el candidato del kirchnerismo”. “No nos pueden facturar a Lijo porque es de ellos y no vamos a bajar a García Mansilla”, expresó un funcionario de la mesa judicial.
El Gobierno quiere completar la Corte Suprema antes de fin de año y analiza convocar a sesiones extraordinarias en caso de concretar un acuerdo con el kirchnerismo. Busca evitar que el máximo tribunal quede con tres integrantes el 30 de diciembre, que se oficializa la salida de Juan Carlos Maqueda.
Otra de las opciones que baraja la mesa chica de Balcarce 50 es impulsar la llegada de Lijo y García Mansilla a través de un decreto durante el receso del Congreso. “Sería otro tipo de acuerdo, en el que la oposición no se vería obligada a votar los pliegos, sino que únicamente no los rechazaría en ordinarias”, manifestó un colaborador cercano al presidente.
El Gobierno asegura que evitará imponer una agenda judicial en contra de Cristina Kirchner tras la confirmación de su condena. Es por eso que no intentará acelerar el proyecto de ficha limpia que promueve el PRO, que convocó a su tratamiento para la semana que viene.
El oficialismo votará a favor si el proyecto avanza en el recinto, pero no trabajará en la negociación por los votos ni en el detalle del poroteo. Se trata de la iniciativa que busca impedir que una persona condenada sea candidata electoral en caso de que Casación confirme el fallo.
El Gobierno busca incluir la lista de los 150 jueces que enviará al Senado en la negociación por Lijo y García Mansilla. Se trata de las vacancias de los juzgados subrogados. Lo mismo aplica para el pliego del Procurador General de la Nación.
El Ejecutivo está en conversaciones con los gobernadores para cambiar algunos de los candidatos que hicieron circular. En Nación 50 aseguran que habrá cambios en la lista y que la enviarán en tandas de a 20 durante los próximos días.
La Casa Rosada sostiene que le falta una firma para el dictamen de Lijo y tres para concretar la llegada al recinto de la candidatura de García Mansilla. Hay negociaciones también del oficialismo con el radicalismo a través del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y el asesor Santiago Caputo.
La mesa chica de Balcarce 50 reconoce que no involucró al PRO en la negociación por los pliegos para la Corte Suprema y sostiene que no coordinó la cobertura de vacancias de 150 juzgados.