(Pablo Roma, Congreso Nacional) – Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión informativa entre las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, donde se discutió la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes. Entre los puntos principales, se debatieron los plazos, el rol de la Comisión Bicameral y la posibilidad de incluir modificaciones a los DNU aprobados por el Poder Ejecutivo.
El encuentro fue solicitado por el diputado Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal (Córdoba), durante la sesión especial de la semana anterior, donde la Cámara de Diputados ratificó el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. El legislador cordobés defendió su proyecto, que busca implementar cambios significativos en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, como aumentar sus miembros de 16 a 24, garantizar su funcionamiento permanente y fijar plazos de 60 días para que las Cámaras se pronuncien sobre los decretos.
Agost Carreño señaló que la reforma busca “elevar la calidad institucional” y no va en contra de ningún presidente, sino “a favor de la República”. Subrayó que es inaceptable que un DNU tenga más peso que una ley y que su vigencia dependa de la aprobación de una sola Cámara. El diputado también propuso la posibilidad de aceptar modificaciones a los decretos y criticó el uso excesivo de estos instrumentos.
Por su parte, el diputado Juan Brügge (Democracia Cristiana) afirmó que la ley actual favorece a los ejecutivos de turno y debilita el rol del Congreso. Llamó a una reforma urgente para recuperar el equilibrio institucional.
Otros legisladores de la oposición, como Juan Manuel López de la Coalición Cívica, destacaron la relevancia del debate, considerándolo uno de los más importantes desde la reforma constitucional de 1994. López adelantó que en próximas reuniones se convocará a expertos constitucionalistas para continuar con la discusión, insistiendo en que la reforma no está dirigida contra el presidente Milei, sino en beneficio de futuros mandatarios.
La diputada Silvana Giudici (Pro) criticó la creación de la Ley 26.122 durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, calificándola como una herramienta que “violenta las instituciones democráticas”. Mencionó varios decretos de esos años que, a su juicio, fueron inconstitucionales, como la modificación de la alícuota de la soja y la salida de Martín Redrado del Banco Central.
En cuanto al oficialismo, la diputada Carolina Gaillard (Unión por la Patria) coincidió en que la Constitución Nacional es clara al establecer que el Poder Ejecutivo no puede legislar. Además, criticó el uso abusivo de los DNU, en particular el decreto 70/23, que derogó un gran número de leyes. Gaillard instó a la oposición a unirse para derogar ese decreto en la próxima sesión.