Las relaciones entre la Casa Rosada y las provincias estuvieron marcadas por la caída de transferencias, la discusión por la Ley Bases, el Pacto de Mayo, los acuerdos por la continuidad de la obra pública que esperan su ejecución, el naufragio del Presupuesto.
El año cerró con alianzas y quiebres en las relaciones de la Casa Rosada con los gobernadores. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei la distribución de los recursos federales estuvo marcada por las tensiones. Caída de las transferencias discrecionales y de gran parte de las automáticas, la quita de subsidios y la prácticamente nula obra pública; como así, principios de acercamientos con firmas de acuerdos, la mayoría de ellos inconcretos, fueron algunos de los puntos que caracterizaron las relaciones entre el titular del Ejecutivo Nacional y los mandatarios.
El primer trimestre fue de mayor beligerancia, especialmente, durante el primer intento de tratamiento de la Ley Bases, pese a un acuerdo tácito de los titulares de los Ejecutivos Provinciales de contener el ajuste, ya que las provincias afrontaron inversiones como los educativos, especialmente, la absorción de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En el caso de Corrientes, la jurisdicción se hizo cargo de recorte, con la incorporación de la diferencia a los recibos de sueldos maestros y profesores.
La tensa calma en medio de la motosierra terminó de resquebrajarse a fines de febrero cuando los gobernadores de la Patagonia y de sus pares del otrora interbloque de Juntos por el Cambio, entre ellos, Gustavo Valdés, salieron a respaldar al titular del Ejecutivo de Chubut, Ignacio Torres, por la quita compulsiva de $13.000 millones de coparticipación, casi un tercio de las transferencias automáticas, por una deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Habitualmente, Nación acuerda el refinanciamiento de la acreencia, pero esa no fue la ocasión; por lo cual, acudieron a la Justicia Federal que en junio le dio la razón a la jurisdicción subnacional.
En este escenario, Milei había vociferado improperios a través de su cuenta en una red social contra el Mandatario de Chubut. Anteriormente, también había expresado fuertes opiniones contra los gobernadores y había publicado una lista negra de diputados por el naufragio de la primera Ley Bases en el Congreso de la Nación en un tono nunca antes visto por el Primer Mandatario nacional. La iniciativa volvió a presentarse en marzo con mayor detenimiento en las conversaciones con las Provincias ya que requería de un amplio diálogo con los actores políticos.
Luego de la media sanción de la Ley Bases, en abril la Casa Rosada buscó impulsar el Pacto de Mayo, una lista de 10 puntos con intenciones de políticas públicas comunes entre las Provincias y Nación, con tintes de refundación. Sin embargo, no hubo grandes avances y la norma que se constituiría en una herramienta para la gobernabilidad del Presidente y el paquete fiscal se sancionaron a fines de junio con cambios que sugirieron los Mandatarios. Esto incluyó la restitución del Impuesto a las Ganancias a los asalariados que alivianaría las arcas provinciales a través de la coparticipación.
El correntino fue uno de los gobernadores que reclamaron el retorno a la ampliación de la base impositiva. Semanas atrás volvió a señalar que existen “legisladores que levantan la mano en contra de sus provincias”, en referencia a la eliminación de la cuarta categoría durante el ejercicio del poder de Sergio Massa en el Ministerio de Economía de la Nación en 2023.
Pacto de Mayo
Ya sancionada la Ley Bases, los gobernadores avanzaron en la firma del Pacto de Mayo pero no el 25 de mayo, tal lo previsto, sino en una fría noche del 9 de Julio en San Miguel de Tucumán. Se abrió una etapa de mayor diálogo con los mandatarios.
A raíz de la Ley Bases se entretejieron nuevas alianzas. Floreció el diálogo entre la Casa Rosada y mandatarios exaliados del kichnerismo como los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua del Frente Renovador Misionero. También se establecieron conversaciones entre los titulares de Ejecutivos Provinciales de la UCR, PRO y aliados del sello amarillo como Claudio Poggi de San Luis.
En el caso de Valdés, este manifestó su apertura al diálogo desde que asumió Milei. Sin embargo, a medida que avanzaba la motosierra sobre la obra pública y la no transferencias a las cajas previsionales, comenzaron a tomar mayor fuerza los reclamos. Estos se acrecentaron durante la discusión por el Presupuesto 2025 en noviembre, proyecto que naufragó en el Congreso, cuando las asignaciones para Corrientes fueron nuevamente inferiores al resto de otras jurisdicciones subnacionales.
El 9 de Julio, sin embargo, la sintonía era poco ríspida ya que el correntino participó de la firma del Pacto de Mayo, lo que se consideraría sería una suerte de refundación de la política, al menos desde la perspectiva del oficialismo. Algunos de los puntos que proponía era la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI; una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar.
El ítem educativo fue incorporado a raíz del pedido de mandatarios radicales y del PRO. Aunque no todos los gobernadores asistieron al acto convocado por Milei en Tucumán y se amplió la distancia con mandatarios como Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja). La aplicación del Pacto debió decantar en la conformación de un consejo, órgano que no se conformó dadas las dificultades para compatibilizar representaciones.
Obras
En julio el Gobernador acordó la continuidad de la obra pública nacional. La provincia se hacía cargo de la mayoría de los proyectos paralizados cuyo valor ascendía por encima de los 60 millones de dólares. En tanto, Nación debía proseguir con infraestructura prioritaria como la autovía sobre Ruta Nacional N°12, iniciativa cuyas conversaciones están avanzadas con la empresa contratista.
La caída del Presupuesto 2025 generó malestar entre los gobernadores quienes esperan destrabar partidas para infraestructura. Para Valdés, continúa la lucha “entre federales y centralistas”.