(Corresponsalía Buenos Aires) – En una avanzada que busca imponer su agenda ideológica bajo el pretexto de una “batalla cultural”, el gobierno de Javier Milei continúa con medidas y declaraciones que atentan contra los derechos conquistados por diversos sectores de la sociedad. Desde la eliminación del Ministerio de la Mujer hasta el cierre masivo de registros automotores, el oficialismo sigue adelante con su embestida sin medir las consecuencias sociales y económicas de sus acciones.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, reafirmó esta semana el rumbo del gobierno al asegurar que “se acabó la joda del género”, en referencia a la disolución de políticas de equidad que garantizaron protección a mujeres y disidencias. Con un discurso que niega la violencia estructural de género, calificó de “blef” las iniciativas que buscaban reducir la brecha de desigualdad. En la misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Ejecutivo trabaja en la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal, argumentando que “todos los argentinos debemos ser tratados igual ante la ley”. Bajo la falsa premisa de la igualdad, el gobierno desmantela herramientas fundamentales para combatir la violencia de género.
Frente a este panorama, diversos sectores de la sociedad convocan a una marcha federal del orgullo antifascista y antirracista, que se realizará en varias ciudades del país para rechazar las políticas discriminatorias y represivas del gobierno. La CGT confirmó su adhesión a la protesta, advirtiendo que el oficialismo “traspasa constantemente los límites en materia de derechos humanos y en su discurso contra las minorías sexuales”. Además, mantendrá un encuentro con organismos de derechos humanos, con la presencia de la Madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida, para analizar la situación de los trabajadores y de los espacios de memoria afectados por las medidas del Ejecutivo.
El avance del gobierno no se detiene y su impacto ya se traduce en crisis económicas y pérdida de empleos. La automotriz alemana Mercedes Benz anunció su retirada del país y la venta de su fábrica en La Matanza, señalando la falta de competitividad frente a los vehículos importados de Brasil. Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió favorecer a los sectores de mayores ingresos eliminando impuestos a los autos de lujo, lo que reducirá los precios de venta en un 20 % para los modelos de más de 75 millones de pesos.
La política exterior tampoco queda exenta del caos que genera la administración de Milei. Tras haber anunciado un cerco en la frontera con Bolivia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que se reforzará la vigilancia en Misiones con Brasil, una decisión que podría tensar aún más las relaciones diplomáticas con los países vecinos. En paralelo, el gobierno designó en la Procuración del Tesoro a Santiago Castro Videla, un abogado vinculado a la defensa de empresas mineras y financieras, consolidando la presencia de sectores ligados al poder económico en la gestión pública.
La agenda de desmantelamiento del Estado también alcanzó al turismo. El secretario Daniel Scioli presentó su plan de “Batalla Cultural en Turismo”, en el que reivindica la eliminación del programa Previaje y la desregulación del sector, en una estrategia que ya generó un saldo negativo en el turismo nacional. Según la diputada Ana María Ianni, en 2024 Argentina perdió más de un millón de turistas y 2.125 millones de dólares, lo que demuestra el impacto devastador de la falta de políticas para incentivar el sector.
En el Congreso, el oficialismo busca avanzar con medidas que afectan directamente la democracia. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió con bloques dialoguistas para negociar la suspensión de las PASO, lo que marca un intento más de manipular el sistema electoral en beneficio del gobierno.
En medio de esta ofensiva, la resistencia de distintos sectores crece. Las Madres de Plaza de Mayo llamaron a la movilización, denunciando que el gobierno “hambrea, reprime, ofende, despide, endeuda y entrega la soberanía”. En un país donde los despidos y la precarización laboral aumentan, la respuesta de Milei es profundizar el ajuste y la eliminación de derechos fundamentales.
El avance libertario deja en claro que su batalla cultural es, en realidad, una batalla contra la sociedad. En un intento por imponer su visión ultraconservadora, el gobierno desprotege a los sectores más vulnerables, favorece a las elites económicas y atenta contra la memoria histórica. Ante este escenario, la respuesta popular se organiza en las calles, dejando en evidencia que la resistencia es la única alternativa ante un modelo de exclusión y represión.