(Corresponsalía Buenos Aires) – El Gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo golpe institucional tras la renuncia de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La dimisión, que se formalizó este lunes a través de una carta enviada al Presidente, dejó expuesta la debilidad del oficialismo para sostener decisiones clave en el plano judicial.
Nombrado por decreto y sin el respaldo del Senado, García-Mansilla duró apenas 39 días en el cargo. Su designación quedó severamente cuestionada luego de que la Cámara alta rechazara su pliego con 51 votos en contra y solo 20 a favor, un rechazo contundente que dejó sin sustento político ni jurídico su permanencia en el máximo tribunal.
Pese a los intentos del Ejecutivo por mantenerlo en el cargo hasta fin de año, la presión política y judicial terminó por torcer el brazo del gobierno. A la votación adversa en el Senado se sumó un fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, que le prohibió a García-Mansilla intervenir en causas o tomar decisiones administrativas durante tres meses, al considerar que su legitimidad estaba comprometida.
“El dictado de sentencias que luego podrían ser declaradas inválidas podría resquebrajar el sistema judicial”, advirtió Ramos Padilla, dejando en evidencia la gravedad del conflicto institucional. Aunque el Gobierno apeló el fallo mediante un “salto de instancia”, la situación ya parecía irreversible.
Desde el viernes, las presiones para que el académico diera un paso al costado se multiplicaron. El Colegio Público de Abogados, presidido por Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que el rechazo del Senado “ha concluido el debate” y que debía ser respetado. En la misma línea, un importante sector académico de todo el país reclamó su renuncia inmediata.
La propia Corte Suprema, con sus integrantes Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también se mantuvo distante y no avaló su incorporación. “No creemos que siga”, habían anticipado en el entorno oficialista.
En su carta de renuncia, García-Mansilla lamentó que se haya naturalizado la existencia de vacantes prolongadas en la Corte y advirtió sobre los riesgos de un tribunal reducido a tres miembros. “Es un espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor”, escribió.
El traspié en la Corte revela las dificultades del Gobierno para tejer acuerdos políticos, incluso en temas clave para el funcionamiento del Estado. A la falta de mayorías parlamentarias se suma una estrategia institucional que parece chocar una y otra vez con los límites del sistema republicano.
Mientras tanto, el máximo tribunal seguirá operando con apenas tres miembros, una situación que el propio García-Mansilla calificó como una “anomalía institucional” que sigue sin resolverse.