Actualmente, el boleto plano cuesta $1.290, pero tanto el Ejecutivo Municipal como el sector empresario coinciden en que es necesario un incremento, aunque discrepan en los montos.
La ciudad de Corrientes se encamina hacia un nuevo y fuerte aumento en la tarifa del transporte público, con dos propuestas en discusión que implican subas de hasta un 83% respecto al valor actual. El Concejo Deliberante iniciará este miércoles 8 de octubre el tratamiento formal del ajuste, con la celebración de la audiencia pública donde se expondrán las distintas posturas.
Actualmente, el boleto plano cuesta $1.290, pero tanto el Ejecutivo Municipal como el sector empresario coinciden en que es necesario un incremento, aunque discrepan en los montos.
Dos propuestas en debate
El ajuste surge del análisis técnico realizado por el Sistema Integrado de Movilidad Urbana (SIMU), que evaluó los costos operativos del servicio:
Ejecutivo Municipal: Propone una suba del 45%, lo que llevaría el valor del boleto a $1.895 por viaje.
Empresarios del transporte: Solicitan una actualización del 73%, elevando la tarifa a $2.370. De concretarse esta cifra, Corrientes se convertiría en la segunda ciudad del país con el boleto más caro.
Cronograma legislativo
El presidente del Concejo Deliberante, Marcos Amarilla, explicó que el tratamiento del aumento se desarrollará en varias etapas:
Miércoles 8 de octubre (13:30): Audiencia pública con participación de vecinos, funcionarios y empresarios.
Semana del 13 al 15 de octubre: Tratamiento en comisiones internas del Concejo.
Jueves 16 de octubre: Votación en sesión legislativa, donde se definirá el nuevo monto.
Amarilla aclaró que, aunque se apruebe el nuevo precio, la aplicación no será inmediata, ya que se deben realizar ajustes en el sistema SUBE, proceso que depende de autoridades nacionales. Por ello, la nueva tarifa regiría recién a partir de noviembre.
Impacto en el bolsillo y en el servicio
El debate por el aumento ocurre en un contexto de inflación persistente, reducción de subsidios nacionales al transporte y reclamos empresariales por el aumento de costos en combustible, mantenimiento y salarios.
Desde el Ejecutivo insisten en encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad del sistema y el impacto en los usuarios, mientras que desde el sector empresario advierten que con la tarifa actual la prestación es inviable.