Un nuevo ataque de un perro pitbull a un niño en Córdoba volvió a encender las alarmas y reactivó el reclamo para que el Congreso avance sin más demoras en una ley nacional que regule estrictamente la tenencia de perros potencialmente peligrosos
El episodio ocurrió en barrio Los Boulevares, al norte de la capital provincial, donde un pequeño que jugaba en la calle fue mordido en la cabeza, los brazos y una pierna por un animal que pertenecería a un vecino del barrio. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Pediátrico y permanece fuera de peligro, aunque con heridas profundas que generaron conmoción en la comunidad.
La violencia del ataque volvió a poner en el centro de la escena la ausencia de una legislación nacional capaz de responsabilizar penalmente a dueños irresponsables. Entre quienes exigen actuar de inmediato se encuentra el diputado nacional Juan Fernando Brügge, autor del proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para sancionar penalmente a los propietarios de perros de razas peligrosas cuando, por negligencia o falta de medidas de seguridad, estos provoquen lesiones graves o la muerte de una persona. Tras conocer el caso, Brügge reiteró un mensaje contundente: “Modificar el Código Penal ya para salvar vidas ante los inescrupulosos e irresponsables tenedores de perros de razas dogos y pit bull. ¿Hasta cuándo hay que soportar esta situación? Los niños y niñas siguen en peligro en la vía pública”.
El legislador insiste en que el país no puede seguir dependiendo de ordenanzas o leyes provinciales aisladas, muchas de ellas difíciles de controlar y sin sanciones penales. Su iniciativa propone penas de entre tres y seis años de prisión para los dueños cuyos animales causen la muerte de una persona, y de uno a tres años en casos de lesiones graves. También establece un registro nacional obligatorio, identificación mediante microchip o chapa, seguro de responsabilidad civil y la exigencia de bozal y correa en todos los ámbitos públicos. Además requiere medidas de seguridad reforzadas en los domicilios para evitar fugas o ataques en la vía pública.
Brügge sostiene que la falta de una norma homogénea explica la repetición constante de ataques en distintos puntos del país y advierte que sin un marco nacional claro las tragedias continuarán. Por eso exhortó al Congreso a incluir su proyecto en el temario inmediato de comisiones, convocar a especialistas y avanzar hacia la aprobación de una ley que, según afirmó, “es una obligación moral y social antes de que haya más víctimas”. El dramático episodio de Córdoba volvió a mostrar que los riesgos no son teóricos: los niños siguen siendo los más expuestos y las respuestas legislativas aún no llegan. Según Brügge, la pregunta ya no es si debe haber una ley, sino por qué el Congreso todavía no la aprobó.