Polémica sesión por un proyecto de privados en la CostanerA

El cuerpo aprobó la prórroga de la intervención de la Caja Municipal y homologó una iniciativa privada para el uso de un sector en inmediaciones de la playa Islas Malvinas.

El debate fue intenso en el recinto pero más aún fuera de este. Vecinos de la organización Defensores de los Espacios Públicos Costeros se presentaron en hall del Concejo Deliberante de la ciudad para cuestionar un proyecto sobre la Costanera General San Martín. En el interior, los ediles del oficialismo explicaron que el expediente aprobado ayer permite habilitar un llamado a licitación para la intervención de la zona ya que no se dona, ni se vende el predio. A su vez, acusaron a la oposición de “hacer demagogia”. El Frente de Todos, por su parte, habló de una “privatización” porque el lugar será explotado por una empresa privada.

El período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Corrientes cerró con fricción. Primero hubo discusión por una resolución del Frente de Todos por la actualización tarifaria del transporte público. En este marco, el expediente se adjuntará al que está en análisis en la comisión de Obras y Servicios Públicos por moción de la concejal Cecilia Ojeda (ELI).

Luego, tomaron estado parlamentario diversos proyectos de ordenanzas, entre ellos, la creación del Premio Ñanderekó para aquellas personas con una amplia trayectoria en el chamamé, de autoría de Héctor Torres (UCR), que fuera remitida a la comisión de Cultura. También, una modificación del Código de Edificación, impulsados por los ediles de la Coalición Cívica (CC-ARI), Fabián Nieves y Gabriela Gaúna.

Por otra parte, el Concejo aprobó un pedido de informe propuesto por la edil Mercedes Franco (PJ) a través del cual se busca clarificar si se realizaron estudios, análisis de suelo, o si se contempla la reparación de la Costanera General San Martín dentro del Plan de Obras Públicas.

Caja Municipal

Con 12 votos a favor y 5 en contra, en este último caso del Frente de Todos, se dio luz verde a la prórroga de la intervención de la Caja Municipal de Préstamos. Uno de los argumentos en contra fue de la edil Magda Duartes (PJ), quien consideró que estaban los tiempos vencidos para presentar el pedido. Además, expresó que “no hay razones de continuar con la intervención”.

Sin embargo, el Frente de Todos, al igual que ECO sí acompañó la aprobación de los cinco balances presentados por la intervención de la Caja Municipal, correspondientes a los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. A excepción de Unión Celeste y Blanca que rechazó todas las propuestas.

“Nuestra postura nunca fue entorpecer el camino de la justicia que tiene toda la libertad y la documentación necesaria para continuar y dictaminar lo que tiene que dictaminar. Eso siempre ha sido nuestra postura pero también creemos que el camino de la justicia no tiene por qué intervenir con el funcionamiento de una entidad autárquica como lo es la Caja Municipal”, expresó Duartes. Finalmente, solicitó al Ejecutivo que remita una iniciativa de normalización de la institución.

Costanera

Un punto neurálgico de la discusión parlamentaria fue el tratamiento del proyecto de declaración de interés del expediente N°217-G-2022 que refiere a una iniciativa privada denominada “La Toma Multiespacio”, presentado por el Grupo SISE SA. La empresa propone una intervención sobre un total de 1.800 metros lineales en el sector de las inmediaciones de la playa Islas Malvinas, en la Costanera General San Martín, que involucra el remozamiento de dicha parte del espacio público y la construcción de una superficie techada sobre aproximadamente 403 metros cuadrados.

El proyecto se aprobó con 13 votos a favor y 5 en contra. Técnicamente, los ediles dieron aval a una declaración de interés, en función de un proyecto de iniciativa privada que el Ejecutivo Municipal dio viabilidad y cuyo marco normativo para la presentación de este tipo de propuestas por parte de privados es la Ordenanza N°6.123, impulsada por el entonces concejal peronista Ataliva Laprovitta. El expediente quedaba firme si no intervenía el cuerpo deliberativo, ahora bien, esto, según explicaron en el recinto los concejales de ECO, significa que se habilita una nueva instancia para un llamado a licitación. “Se presentarán los oferentes y el Municipio podrá evaluar cuál es la mejor oferta”, dijo el concejal Fabián Nieves (CC-ARI).

Sin embargo, los argumentos técnicos no convencieron a los vecinos organizados, ni a los ediles de la oposición, para quienes habría una suerte de “privatización encubierta”. “Lo que estamos haciendo de fondo es discutir la política o la visión que tiene esta gestión municipal de los espacios públicos o el uso que se le quiere dar a los mismos”, dijo en el recinto la concejal Lorena Acevedo Caffa (PJ). La edil recordó los otros proyectos similares que impulsó el Municipio como la edificación de un shopping en un sector de la playa Arazaty, como así el traslado de los puesteros del puerto, quienes “fueron trasladados en condiciones horrendas”, según calificó.

Acevedo Caffa aclaró que los concejales del bloque no están en contra de la inversión de empresas privadas en la ciudad para promover el turismo pero sí de que se otorgue la autorización de uso del espacio público por 20 años.

“La política va a tener que ponerse de acuerdo con determinados puntos para el desarrollo de la ciudad y para los ciudadanos”, expresó la edil. Sobre todo en “cuál es la visión que tenemos de ciudad de reordenamiento de la ciudad, donde entendemos que el Estado debe preservar fuertemente el espacio público”, apuntó.

Luego, Acevedo Caffa señaló algunas de las expresiones que se extrajeron del proyecto legislativo. “Hay palabras desubicadas”, dijo la concejal. Y leyó: “La zona se encuentra estructuralmente y paisajísticamente deteriorada y deja una pésima impresión para los ciudadanos y turistas que transitan por la zona y gracias al abandono se está tornando en una guarida de pordioseros y alcohólicos”.

Luego, el concejal Nieves explicó que el proyecto de Iniciativa Privada presentado se enmarca en una ordenanza aprobada durante una gestión peronista y que entonces no tuvo ninguna objeción. “Lo que estamos haciendo no es concesionar sino que estamos homologando una declaración de interés público (del Ejecutivo Municipal) que va a habilitar un posterior procedimiento de un llamado a licitación pública en el que distintos oferentes tendrán que competir”, expresó el edil, quien fue interrumpido por los gritos de algunos de los vecinos presentes. “¡Mentira, están entregando!”, exclamaron los más enardecidos.

“¡Silencio, por favor! Pedimos tranquilidad a todos. Ningún grito le va a dar la razón a nadie”, intentó poner orden el presidente del Concejo Deliberante, Alfredo Vallejos (UCR). “Todos están argumentando con respeto y lo que podemos hacer es escucharnos”, expresó en medio de los gritos de integrantes del colectivo Defensores de los Espacios Públicos Costeros.

“Pueden haber diferencias en relación con el proyecto anterior, luego deben competir en licitación que es el procedimiento más transparente y más restrictivo a la hora de conceder una obra o un servicio, por lo cual descarto acá cualquier tipo de elucubración que se ha hecho respecto a la adjudicación a algún empresario amigo. Estamos hablando de un proceso licitatorio en el que distintas empresas tienen que competir y la que ofrezca mejores condiciones podrá explotar este servicio”, manifestó Nieves en medio de los murmullos de vecinos que cuestionaban el proceso.

En reiteradas ocasiones se debió interrumpir la alocución del concejal. Éste, a su vez, apuntó contra la oposición al señalar que se hizo un “uso demagógico” de la iniciativa y sostuvo que en el caso de la marina en el Parque Mitre “no se ha privatizado”, sino por el contrario, se remozó el lugar y “se ha recuperado un espacio para los vecinos”.

“Sí, se privatizó”, respondieron algunos de los vecinos frente al recinto. Personal policial en el lugar pidió serenidad a algunos de los presentes.

Por su parte, el concejal Yamandú Barrios (Unión Popular) expuso detalles pocos difundidos del proyecto. Así, en el sector de la estructura conocida como La Toma de Agua, se prevé la construcción de 32 metros cuadrados para la Secretaría de Turismo; 60 metros para el Centro de Monitoreo de la Ciudad; 130 metros cuadrados para oficinas de co-working; 55 para oficinas; 126 metros cuadrados para sector gastronómico.

Sonia López: “No hubo audiencia pública”

“Nos parece repudiable la sesión de hoy por el tono, por las inconsistencias”, dijo a época la abogada Sonia López, quien integra el equipo de Defensores de los Espacios Públicos Costeros de Corrientes. La comunista exdiputada provincial calificó al proyecto como un “cachivache” desde el punto de vista legal.

“No tiene fundamento que hayan oficinas de seguridad sobre la barranca histórica del río Paraná, sobre la costanera antigua. Solo se explica por una política de atesoramiento de capitales de un grupo empresario amigo del poder de turno”, apuntó la excandidata a Intendente tras haber escuchado la sesión en el Concejo, junto a un grupo de vecinos que integran el colectivo.

Señaló que “no hay audiencia pública” para que se escuche la voz de los vecinos. “Esperaron a la última sesión ordinaria, en medio del Mundial cuando juega Argentina”, dijo.

Payes continúa como Defensor de los Vecinos

El Concejo Deliberante ratificó ayer a Agustín Payes como defensor de los Vecinos con 14 votos a favor. La iniciativa fue impulsada por el bloque Encuentro por Corrientes (ECO) ya que el Frente de Todos (FDT) solicitó remitir el pliego a la comisión de Legislación, por moción de la edil peronista Madgalena Duartes. Esto, debido a que se planteó como propuesta a la licenciada Eloísa Denis.

“La licenciada Eloísa Denis tiene una amplia trayectoria en la gestión municipal, en la gestión parlamentaria, es una de las fundadoras de la Red Vecinal Zonal y del Colectivo Mujeres Peronistas”, expresó Duartes. “Cumple con el espíritu del artículo 76 de la Carta Orgánica”, sostuvo.

“El compañero Payes tiene una amplia trayectoria en el peronismo, además fue concejal de la ciudad y viceintendente de la Ciudad de Corrientes durante un gobierno peronista. Ha tomado renombre en la Red Federal de Defensores de los Vecinos”, manifestó por su parte, el concejal Yamandú Barrios del oficialista bloque ECO.

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