Con sesiones extraordinarias previstas para febrero, la Casa Rosada acelera acuerdos con gobernadores y cámaras empresarias. Corrientes acompaña la modernización, pero exige resguardos fiscales y previsibilidad en un escenario de recursos ajustados.
A menos de dos semanas del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno nacional intensifica una negociación compleja que combina urgencia política, delicadeza fiscal y un entramado de intereses federales. La reforma laboral, presentada por la Casa Rosada como una pieza clave para “modernizar” el mercado de trabajo y fomentar el empleo formal, avanza entre apoyos condicionados de las provincias y un acompañamiento empresario atravesado por reparos técnicos. En ese tablero, Corrientes se mueve con cautela: diálogo abierto, pero líneas rojas claras en materia de recursos y derechos laborales.
Por estas semanas, el ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza una recorrida federal destinada a ordenar el mapa de respaldos antes de febrero. Según estimaciones oficiales, al menos cinco gobernadores ya manifestaron disposición a acompañar la iniciativa, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza). En Casa Rosada confían en que ese número pueda ampliarse, incluso con apoyos parciales del peronismo dialoguista.
“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones”, repite Santilli tras cada encuentro. Sin embargo, detrás de esa consigna se acumulan advertencias. El punto más sensible es el capítulo tributario, en particular la baja de alícuotas del Impuesto a las Ganancias y del impuesto a las sociedades, ambos coparticipables. La preocupación es compartida: una merma inicial de recursos en un contexto de consumo retraído y finanzas provinciales ajustadas.
Desde el Gobierno nacional ensayan una respuesta técnica y política. “Cada 400.000 trabajadores formalizados se recupera el impacto fiscal”, aseguró el propio Santilli, al estimar que la caída para las provincias rondaría el 0,15% de sus ingresos.
En paralelo, algunos funcionarios admiten la posibilidad de mecanismos de compensación transitoria, mientras otros sostienen que el crecimiento económico terminará licuando las pérdidas.
Postura de Corrientes
En ese escenario, Corrientes fija posición desde una lógica de cautela activa. El gobernador Juan Pablo Valdés no rechaza la reforma laboral, pero condiciona su apoyo a respuestas fiscales concretas.
“Estamos de acuerdo con una modernización en materia laboral, pero no es a cualquier costo”, afirmó recientemente, y subrayó que cualquier cambio debe “resguardar los derechos de los trabajadores” y no comprometer los ingresos provinciales.
La advertencia se explica por el contexto local. “Hoy trabajamos exacto, dentro del presupuesto y no gastando más”, repite Valdés, al describir una realidad marcada por la caída del consumo y de la coparticipación.
La prioridad, señala, es sostener la masa salarial, los servicios esenciales y una obra pública administrada con prudencia. A eso se suma un frente sensible: el déficit del Instituto de Previsión Social, que la Provincia estima en alrededor de $142.000 millones y que será parte de la negociación con Nación.
El diputado nacional Diógenes González sintetizó esa mirada desde el Congreso. “Tengo una opinión favorable en general acerca de la importancia de llevar adelante la reforma laboral”, sostuvo, pero aclaró: “Vamos a seguir con mucha atención la probable caída de la recaudación de las provincias”. Para Corrientes, enfatizó, “es central que la reforma no implique pérdida de recursos genuinos”.
Valdés, además, anticipó que reunirá a los legisladores nacionales correntinos para unificar criterios y negociar como bloque en un Senado de números ajustados.
La visita de Santilli a la provincia de Corrientes aún no tiene fecha, pero figura en la agenda de una negociación que promete ser larga y minuciosa.
Voces del empresariado
Mientras Nación y provincias discuten el impacto fiscal, el empresariado se posiciona con un diagnóstico compartido: la legislación laboral necesita aggiornarse. Cámaras como la CAC y la UIA respaldan el espíritu del proyecto, destacando la necesidad de previsibilidad y reducción de la litigiosidad.
“Compartimos el espíritu del proyecto, centrado en dotar de mayor previsibilidad a las relaciones laborales”, afirmó el titular de la CAC, Natalio Mario Grinman.
Sin embargo, los reparos emergen al bajar al detalle. La UIA cuestiona el Fondo de Asistencia Laboral, que implicaría un aporte obligatorio del 3% de las remuneraciones, mientras que el universo pyme -con CAME y ADIMRA a la cabeza- alerta sobre cambios en la ultraactividad de los convenios colectivos y el riesgo de mayor inseguridad jurídica.
Una pyme no puede renegociar su marco laboral todos los años”, advierten, en un contexto de caída de la producción y márgenes estrechos.
El Consejo Agroindustrial Argentino, por su parte, reclama que el régimen de incentivos no deje afuera a las inversiones agroindustriales, clave para las economías regionales, mientras que el sector bancario marcó una línea roja al rechazar la posibilidad de pagar salarios y jubilaciones a través de billeteras virtuales.
Negociaciones intensas camino a febrero
Con el cronograma de extraordinarias definido entre el 2 y el 27 de febrero, el oficialismo apunta a llevar la reforma laboral al recinto hacia mediados de mes. En los últimos días, el ministro del Interior, Diego Santilli, sumó reuniones con gobernadores aliados y reforzó el mensaje de que el impacto fiscal será transitorio y compensable con mayor formalización del empleo.
En paralelo, en la mesa política que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, se reconoció que la baja de Ganancias genera tensión con las provincias. Allí se analizan alternativas como envíos de ATN, esquemas de transición o cláusulas de revisión.
En el Congreso, el oficialismo trabaja para asegurar entre 32 y 34 votos en el Senado, con la expectativa de acercarse al número mágico de 37. La estrategia incluye aceptar modificaciones puntuales en artículos cuestionados por empresarios y gobernadores, sin resignar el núcleo del proyecto.
Desde el Ejecutivo insisten en que la señal a los mercados es prioritaria. “La reforma laboral es clave para sostener el rumbo económico”, repiten en Casa Rosada. Pero admiten que el resultado final dependerá de una negociación fina, donde cada voto provincial se traduce en concesiones concretas.