El siniestro ocurrió en la ciudad de Neuquén. La víctima fue indentificada como Antonio Altamirano, era oriundo de la localidad correntina de San Miguel y tenía 24 años. Su familia denuncia falta de respuestas oficiales.
Un joven oriundo de la provincia de Corrientes perdió la vida luego de ser atropellado por un automóvil conducido por un menor de 16 años, en un siniestro vial ocurrido el sábado en la ciudad de Neuquén. La víctima fue identificada como Antonio Altamirano, de 24 años, quien circulaba en su motocicleta cuando fue embestido en la intersección de Avenida del Trabajador y Moritán.
Producto del violento impacto, Altamirano salió despedido y golpeó contra la persiana de una panadería ubicada en la esquina, según relataron testigos. Si bien no falleció en el lugar, permaneció internado en grave estado durante tres días, hasta que el lunes por la noche se confirmó su deceso.
Antonio era oriundo de San Miguel, Corrientes, y residía en Neuquén desde hacía apenas seis meses. Tras el trágico desenlace, familiares y allegados denunciaron falta de información oficial y presuntas irregularidades en el procedimiento posterior al accidente.
En declaraciones a LU5, Nicolás Zelaya, amigo de la familia Altamirano, aseguró que no hubo comunicación clara por parte de las autoridades. “Lo que sabemos del accidente fue por la gente que contactamos en redes sociales, porque no hubo noticias, no salió en el diario, no salió en ningún lado”, afirmó.
Zelaya también señaló que, al presentarse ante Tránsito, les informaron que no se le realizó alcoholemia al conductor del automóvil por tratarse de un menor de edad. Además, denunció que no pudieron radicar una denuncia formal. “Queríamos hacerle una denuncia y nos dijeron que no se podía. No nos dieron explicaciones”, sostuvo.
Ante esta situación, la familia decidió contratar un abogado para solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y avanzar en el esclarecimiento del hecho.
Los padres y hermanos de Antonio viajaron desde Corrientes y permanecen en Neuquén, enfrentando no solo el dolor por la pérdida, sino también la incertidumbre respecto del proceso judicial. El cuerpo del joven permanecerá en la provincia debido al elevado costo del traslado -estimado en alrededor de ocho millones de pesos- y porque debe quedar a disposición de la Justicia.
“Al menos que se haga público el caso, que haya una justicia social y que no quede impune”, concluyó Zelaya.