Cuáles son los cambios clave que negoció el Gobierno para aprobar la reforma laboral

A la quita de la rebaja en Ganancias -festejan provincias y Nación-, se mantienen por dos años los aportes compulsivos en sindicatos y cámaras empresariales, con topes de 2% y 0,5%, respectivamente. Guiños extra sobre el Fondo de Asistencia Laboral. Se sostiene también el porcentaje de dinero hacia las obras sociales. Restan correcciones menores para la sesión de este miércoles.

El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista en el Senado alcanzaron este martes un acuerdo para avanzar con la ley de reforma laboral, que será tratada durante la sesión extraordinaria convocada para las 11 de este miércoles. Con las modificaciones consensuadas, el proyecto sería girado de inmediato a la Cámara de Diputados.

El entendimiento incluye cambios sustanciales al dictamen de mayoría impulsado en diciembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y contempla concesiones del Gobierno libertario en materia de Ganancias, aportes sindicales y empresariales, obras sociales, indemnizaciones y justicia laboral.

Previo a la conferencia de prensa encabezada por Bullrich —anticipada desde el mediodía—, los jefes de bloque mantuvieron una reunión de Labor Parlamentaria en la que se acordó blindar el consenso alcanzado y agilizar el debate en el recinto. En la votación en particular se buscará discutir por títulos, con objeciones puntuales previamente acordadas, para evitar dilaciones en un trámite considerado delicado.

Cambios clave del acuerdo

Entre las principales modificaciones acordadas, se eliminó el artículo 190 del dictamen original, que proponía una baja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 30% al 27%, una decisión que implica mayores recursos tanto para las provincias como para la Nación.

En materia de obras sociales, se mantuvo la contribución patronal del 6% sobre la remuneración de los trabajadores —se descartó la reducción al 5%— y se facultó expresamente a la Superintendencia de Servicios de Salud a auditar el destino de esos fondos.

También se eliminó el artículo 137, que habilitaba a los empleadores a actuar como agentes de retención de cuotas sindicales. En su lugar, se fijaron topes a los aportes compulsivos establecidos en convenios colectivos: hasta el 0,5% de las remuneraciones para aportes a cámaras empresariales y hasta el 2% para asociaciones de trabajadores, tanto para afiliados como no afiliados. A partir del 1 de enero de 2028, los aportes patronales a cámaras empresarias pasarán a ser estrictamente voluntarios.

Justicia laboral, contribuciones e indemnizaciones

El texto consensuado ratifica la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se concrete un acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, aclarando que las materias laborales de competencia federal permanecerán bajo la órbita de la justicia federal.

En cuanto a las contribuciones patronales, se estableció una reducción de un punto porcentual para grandes empresas y de 2,5 puntos para micro, pequeñas y medianas empresas, con la posibilidad de ampliarlas —previa aprobación parlamentaria— hasta 1,5% y 3%, respectivamente.

Respecto al sistema de indemnizaciones, se suavizó la propuesta original y se dispuso la creación de Fondos de Asistencia Laboral, financiados con aportes obligatorios del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes, con topes de incremento sujetos a metas fiscales y control legislativo.

Otros puntos acordados

El borrador final también habilita el pago de sentencias judiciales en cuotas: hasta seis para grandes empresas y hasta doce para pymes. En materia de licencias médicas, se prevé la intervención de juntas médicas oficiales o instituciones especializadas cuando existan discrepancias entre el diagnóstico del trabajador y el control del empleador, con costos a cargo de este último.

Además, se ratificó que el pago de salarios deberá realizarse exclusivamente mediante cuentas bancarias a nombre del trabajador, excluyendo a los proveedores de servicios de pago no bancarios. Finalmente, se estableció un plazo de 180 días hábiles para la adecuación de distintos estatutos laborales, tras lo cual regirá la ley general de trabajo.

Con estas concesiones, el oficialismo confía en lograr la aprobación en la Cámara alta y avanzar con rapidez hacia Diputados, en uno de los debates legislativos más sensibles del período extraordinario.

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