La Justicia hizo lugar a una cautelar en una acción de amparo promovida por el Municipio y ordenó retener activos hasta cubrir capital, intereses y costas. El oficio ya fue librado al Banco Central para localizar cuentas en todo el país.
La Justicia provincial chaqueña dispuso un embargo preventivo por $1.890.691.105,07 contra la Bolsa de Comercio del Chaco, en el marco de una acción de amparo presentada por la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña por el presunto manejo irregular de fondos públicos.
La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 15, firmada por el juez Carlos Augusto De Cesare, con intervención de la secretaria Silvia Analía Vittar. En su decisión, el magistrado consideró que, en esta instancia preliminar, existe verosimilitud en el derecho invocado por el Municipio, al entender que los fondos en discusión corresponden a recursos públicos y no a dinero privado.
En ese sentido, el juez sostuvo que era necesario adoptar una medida urgente para evitar un eventual perjuicio mayor, por lo que habilitó el embargo como resguardo preventivo mientras se analiza el fondo del conflicto. No obstante, aclaró que la resolución no implica una sentencia definitiva.
La postura del Municipio
La Municipalidad sostiene que fondos públicos fueron invertidos en instrumentos financieros de mayor riesgo sin la debida autorización. Según la demanda, la cuenta estaba configurada con un perfil de “Inversor Conservador” y no existía instrucción formal para operar en el segmento No Garantizado (NOGA) del Mercado Argentino de Valores.
Además, el Municipio afirma que ese perfil habría sido modificado sin aval oficial, lo que derivó en la adquisición de cheques de pago diferido que posteriormente no pudieron cobrarse, generando un perjuicio económico millonario.
¿Qué sostiene la medida?
El embargo fue concedido tras verificarse los requisitos legales de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, es decir, el riesgo de que el dinero no pueda recuperarse si no se adoptaba una medida inmediata. También se dispuso la exención de contracautela, en virtud de que el demandante es el Estado municipal.
El monto total del embargo incluye:
Capital: $1.350.493.646,48
Intereses y costas: $540.197.458,59
Total: $1.890.691.105,07
Asimismo, se ordenó notificar la medida a las entidades financieras a través del Banco Central de la República Argentina, con el objetivo de inmovilizar eventuales fondos y transferirlos a una cuenta judicial.
La resolución tiene carácter provisorio y el proceso judicial continuará para determinar si existió incumplimiento contractual, negligencia o un manejo financiero indebido. Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, los casi $1.900 millones permanecerán bajo control judicial.