Senadores cobrarán más de $11 millones tras un nuevo acuerdo salarial

La paritaria de los trabajadores legislativos fijó un aumento acumulado del 9,4% hasta mayo, lo que impactará directamente en las dietas de la Cámara Alta, que están atadas al valor de los módulos salariales.

Las autoridades del Congreso de la Nación Argentina habilitaron un incremento salarial cercano al 10% para los trabajadores legislativos, lo que impactará directamente en los haberes de los senadores nacionales, que podrían superar los $11 millones brutos en los próximos meses.

El aumento surge del acuerdo paritario firmado entre representantes administrativos del Congreso y el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo, que estableció una suba acumulada del 9,4% entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. La actualización se distribuye en distintos tramos: un 2% retroactivo a diciembre, 2,2% desde enero, 2% en febrero, 1,7% en marzo y 1,5% a partir de abril.

Este incremento repercute directamente en la dieta de los integrantes del Senado de la Nación Argentina, ya que sus ingresos están vinculados al valor de los módulos salariales que perciben los empleados legislativos. Actualmente los senadores cobran alrededor de $10,2 millones brutos, cifra compuesta por 2.500 módulos de sueldo, más 1.000 módulos por gastos de representación y 500 por desarraigo, totalizando 4.000 módulos, cuyo valor se actualizará con la nueva paritaria.

No todos los legisladores perciben el adicional por desarraigo. Entre quienes no lo cobran se encuentran Patricia Bullrich, Agustín Monteverde y Mariano Recalde, representantes de la Ciudad de Buenos Aires, además de Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación como exgobernadora.

En contraste, en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina las dietas no están vinculadas a las paritarias del personal. Allí los legisladores perciben alrededor de $6 millones brutos, más un adicional por gastos de representación, lo que mantiene una marcada diferencia salarial con los senadores y genera reclamos internos por la falta de un criterio uniforme en la actualización de los haberes.

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