La iniciativa propone controles toxicológicos preventivos y aleatorios en el Estado provincial. También alcanzaría a quienes se postulen para cargos electivos antes de las elecciones.
Un proyecto presentado en la Legislatura de Corrientes propone instaurar controles toxicológicos obligatorios para funcionarios y empleados jerárquicos del Estado provincial. La iniciativa fue impulsada por el diputado Pedro Cassani y apunta a reforzar la transparencia institucional mediante la implementación de un sistema preventivo conocido como narco test.
La propuesta crea el Régimen de Evaluación Toxicológica Preventiva, un esquema que prevé la realización de exámenes para detectar la presencia de drogas ilícitas en quienes ocupen cargos políticos o funciones jerárquicas dentro de la administración pública. Según el proyecto, el análisis sería un requisito obligatorio tanto para el ingreso como para la permanencia en la función pública.
El sistema contempla controles de carácter preventivo, periódico y aleatorio. De aprobarse, alcanzaría a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ampliando el alcance a gran parte de la estructura estatal.
Además, la medida incluiría a autoridades y trabajadores de entes autárquicos, organismos descentralizados y empresas con participación estatal mayoritaria. También abarcaría organismos constitucionales como el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Uno de los puntos más novedosos de la iniciativa es que también alcanzaría a los candidatos a cargos electivos provinciales. En ese caso, los postulantes deberían someterse a los análisis toxicológicos desde el momento de la presentación de sus candidaturas y hasta 30 días antes del acto electoral.
Para garantizar transparencia en la selección de los controles, el proyecto establece que los funcionarios evaluados cada año serán determinados mediante un sistema aleatorio basado en los resultados de la Lotería Nacional. De esta manera se busca evitar discrecionalidades en la aplicación de las pruebas.
El texto también establece que los estudios deberán realizarse mediante convenios con instituciones que aseguren independencia técnica. En caso de que un resultado arroje positivo, se prevé una contraprueba obligatoria y la activación de protocolos sanitarios de evaluación médica.
Durante ese proceso, la autoridad competente podrá disponer una licencia preventiva del agente hasta determinar su aptitud funcional para continuar en el cargo. Asimismo, el proyecto garantiza la confidencialidad de los resultados, considerados datos sensibles según la Ley Nacional N.º 25.326 de Protección de Datos Personales.
En los fundamentos de la iniciativa, Cassani sostiene que el objetivo es fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar el principio de idoneidad para el acceso y permanencia en la función pública establecido en la Constitución Nacional. El proyecto toma como referencia experiencias implementadas en provincias como San Luis y Neuquén y, en caso de aprobarse, el Poder Ejecutivo tendría 60 días para reglamentar su aplicación.