A más de un mes del trágico fallecimiento de Giovanni en un complejo de cabañas, su familia denuncia una red de encubrimiento político y judicial en Empedrado. Aseguran que el alambrado estaba electrificado de forma intencional y que las autoridades locales protegen al dueño del lugar mientras se burlan de su dolor.
El pasado lunes 23 de marzo, durante un fin de semana largo, la vida de Giovanni García, de apenas 12 años, se extinguió de forma instantánea en un camino transitado de Empedrado. El niño se encontraba junto a otros cuatro menores regresando de “hondear” pajaritos, una actividad común para los chicos de la zona, cuando un resbalón debido a la llovizna lo llevó a sujetarse de un alambrado del complejo Pedro Pirá. Lo que parecía un accidente fortuito escondía, según la familia, una trampa mortal: el cerco tenía una conexión eléctrica directa.
Una reconstrucción que estremece
Según el relato de Fátima Troncoso, tía de la víctima, la descarga fue de tal magnitud que le rompió el cráneo al niño. La reconstrucción de la familia, basada en testimonios de los otros menores y filmaciones de seguridad, apunta directamente a la responsabilidad del dueño del complejo. Aseguran que existe un video donde se ve al propietario corriendo a apagar una llave de electricidad tras el incidente.
“Los chicos dicen que el dueño les dijo “no lo toquen, esperen”. Entró a la cabaña, salió y le dijo a un menor de 15 años: “tanteale con la palma de tu mano””, relató Troncoso con indignación. Fue ese mismo adolescente quien, ante la falta de ayuda de los adultos presentes y turistas que fueron retirados del lugar por el dueño, tuvo que realizarle maniobras de RCP y acompañarlo en la ambulancia.
Denuncias de impunidad y complicidad política
La familia García siente que lucha contra un muro de poder en Empedrado. Denuncian que el dueño del complejo es amigo cercano del Intendente y de la Viceintendente, quien además es médica y habría dado órdenes de trasladar el cuerpo del niño al hospital a pesar de que ya no tenía pulso. Además, señalan que la Secretaría de Seguridad calificó el hecho como un “accidente” antes de que la justicia terminara de investigar.
“La Policía se ríe de nosotros”, sentenció Troncoso, quien afirmó que los efectivos les negaron el libro de quejas y hasta intentaron cobrarles por la autopsia. A esto se suma el maltrato hacia el padre de Giovanni, quien es analfabeto y habría sido presionado para firmar documentos legales cuyo contenido no comprendía.
Las pruebas que la Justicia ignora
Para la familia no hay dudas de que la electrificación fue a propósito, algo similar a un “boyero” pero con corriente directa de alto voltaje. Se apoyan en un informe de la DPEC que indicaría que no había cables sueltos o pérdidas accidentales en el lugar, y en la pericia de un ingeniero que sostiene que lo ocurrido no pudo ser un accidente.
A pesar de estas evidencias y de haber realizado múltiples marchas y cortes de ruta, el fiscal Osvaldo Ojeda aún no ha imputado al responsable. “Parece que el poder y las amistades están por encima de la vida de un niño”, lamentó la tía de Giovanni. Mientras tanto, la familia denuncia amenazas anónimas y la prohibición policial de repartir folletos pidiendo justicia, sintiéndose en un estado de total indefensión en su propio pueblo.