El Gobierno provincial prepara un nuevo anuncio salarial en medio de la caída de la coparticipación y la tensión con la Justicia por el 6% congelado. En paralelo, el Municipio capitalino ató cualquier mejora a la evolución de los recursos y al esquema que defina la Provincia.
Mayo se transformó en todo un mes clave para la discusión salarial en Corrientes. Tanto en el Gobierno provincial como en el Municipio capitalino, las próximas semanas aparecen atravesadas por la necesidad de definir aumentos en un contexto económico condicionado por la caída sostenida de la coparticipación y la retracción de recursos nacionales.
La agenda salarial, además, quedó cruzada por un componente institucional y político de peso: la reunión que el gobernador Juan Pablo Valdés mantuvo esta semana con autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal en medio de la controversia por el incremento del 6% para trabajadores judiciales que quedó congelado tras haber sido anunciado por el Superior Tribunal de Justicia.
El escenario configura una secuencia de decisiones encadenadas. La Provincia debe resolver el alcance de una nueva recomposición salarial para estatales y jubilados mientras los municipios observan de cerca el desenlace para luego definir sus propios movimientos. En la capital correntina, el intendente Claudio Polich ya dejó en claro que la pauta salarial comunal estará atada a dos variables: la evolución de la coparticipación y el esquema que finalmente establezca el Ejecutivo provincial.
El propio Valdés había anticipado a comienzos de mayo que el Gobierno trabaja en un nuevo anuncio salarial. “En el mes de mayo estaremos haciendo anuncios salariales viendo cuál es el panorama y tratando de que el anuncio sea lo mejor posible”, sostuvo el mandatario en declaraciones públicas que funcionaron como la primera señal formal de apertura de una nueva etapa de negociación.
Sin embargo, el Gobernador evitó adelantar cifras y planteó desde el inicio un mensaje de cautela fiscal. “Vamos a continuar con una recomposición salarial sin poner en riesgo el sistema”, afirmó, marcando el límite que hoy condiciona las definiciones oficiales.
La preocupación central del Ejecutivo pasa por la evolución de los ingresos provinciales. Según explicó Valdés, la caída de la coparticipación se mantiene desde principios de año y afecta la capacidad financiera de la Provincia. “No deja de caer la coparticipación”, advirtió, y precisó que la baja “en términos reales, en promedio es de 6 a 8 puntos en estos cuatro meses”.
Ese dato económico aparece como la principal variable detrás de la prudencia oficial. En el Gobierno entienden que la demanda salarial crece a medida que la inflación continúa erosionando ingresos, pero al mismo tiempo sostienen que cualquier mejora debe sostenerse con recursos genuinos para evitar desfasajes futuros.
“Entendemos las demandas y trabajamos de acuerdo a los recursos que ingresan a la provincia, somos responsables”, insistió el mandatario. La frase resume la lógica que atraviesa hoy al Ejecutivo: mantener la política de recomposición, aunque administrando tiempos y porcentajes.
La estrategia oficial también busca evitar compromisos de largo plazo. “Preferimos hacer anuncios que no sean tan a largo plazo, sino en plazos más cortos”, explicó Valdés, dejando entrever que el Gobierno continuará evaluando trimestre a trimestre la evolución económica antes de definir nuevas escalas salariales.
Reunión con la Justicia
Pero la discusión salarial provincial dejó rápidamente de ser un asunto exclusivo del Poder Ejecutivo. El lunes pasado, la cuestión tuvo un capítulo institucional de alto voltaje político con la reunión que Valdés mantuvo en Casa de Gobierno junto al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Semhan, y el fiscal general César Pedro Sotelo.
Aunque oficialmente el encuentro fue presentado como una instancia de articulación institucional y trabajo conjunto en políticas públicas, el trasfondo estuvo marcado por la situación salarial del Poder Judicial y especialmente por el aumento del 6% que había sido aprobado por acuerdo extraordinario del STJ y que finalmente quedó en suspenso.
La reunión también contó con la presencia del fiscal de Estado Horacio Ortega y del ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, un dato que reforzó la centralidad del componente económico en las conversaciones.
Tras el encuentro, desde el Superior Tribunal señalaron que hubo coincidencias “en la defensa del sistema democrático y el fortalecimiento de las instituciones”, además de remarcar la importancia de garantizar “la división de poderes, la autarquía del Poder Judicial y el principio de intangibilidad”.
El mensaje dejó entrever que la discusión de fondo continúa abierta. La tensión entre el Ejecutivo y la Justicia no es nueva y tiene como antecedente inmediato el debate presupuestario de este año. El STJ había proyectado originalmente un presupuesto cercano a los $299 mil millones para 2026, aunque finalmente la Legislatura aprobó una cifra considerablemente menor, de poco más de $194 mil millones.
En ese contexto, el incremento salarial del 6% para abril terminó convirtiéndose en un símbolo de esa disputa financiera. Los trabajadores judiciales habían cobrado el primer tramo de mejora correspondiente a marzo, pero el segundo quedó congelado, generando reclamos del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ).
Cuando fue consultado semanas atrás sobre esa situación, Valdés había evitado confrontar directamente con el STJ. “Eso lo va a tener que resolver el Ministerio de Hacienda”, respondió entonces, aunque advirtió sobre el escenario deficitario y la necesidad de administrar recursos en un contexto adverso.
Monitoreo municipal
Mientras la Provincia ordena su propia discusión salarial y financiera, los municipios siguen el proceso con atención. En la ciudad de Corrientes, Claudio Polich explicitó que la política salarial comunal dependerá directamente de las definiciones provinciales y del comportamiento de la coparticipación.
“Si mejora la recaudación por coparticipación, vamos a mejorar los salarios”, afirmó el intendente capitalino, ratificando además que el Municipio irá “en línea con la decisión del Gobierno provincial en materia salarial”.
La definición política tiene múltiples lecturas. Por un lado, muestra la dependencia estructural de los municipios respecto de los fondos coparticipables. Por otro, refleja el alineamiento político y administrativo entre la gestión municipal y el Ejecutivo provincial.
Polich describió un escenario financiero delicado. “Venimos de prácticamente 11 meses de caída consecutiva de la coparticipación”, sostuvo, y explicó que eso obliga a la administración local a “tener una precaución y un control absoluto sobre el gasto”.