Ninguna de las cinco empresas que habían mostrado interés en el proceso hizo una propuesta para quedarse con el 100% de las acciones de la compañía que presta servicio de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país.
El Gobierno no pudo avanzar con la privatización de Intercargo. Este jueves, se realizó la apertura de sobres, que había sido aplazada en dos ocasiones, pero no arrojó ofertas válidas. El precio base fijado para la operación era de US$45 millones.
Según la información publicada en la plataforma Contrat.Ar, ninguna de las cinco empresas interesadas presentó la documentación ni acreditó las condiciones económicas y técnicas requeridas para quedarse con la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país.
La presentación de ofertas, a través de una plataforma online, había sido fijada originalmente para el 7 de mayo. Luego, se reprogramó para el 10 de junio y volvió a postergarla a este jueves 25 de junio.
La privatización contemplaba la venta del 100% de las acciones de Intercargo, la salida total del Estado de su participación societaria y la continuidad de la empresa como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio.
Según el último informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni presentó al Congreso, Intercargo tenía un activo corriente de US$55 millones.
Dos años atrás, el Gobierno desreguló el sector aerocomercial lo que permitió el ingreso de nuevos operadores de servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos del país. Hoy hay 13 empresas habilitadas y solo cuatro están operativas.
Antes de ello, Intercargo tenía el monopolio de los servicios de rampa en el país y las aerolíneas estaban obligadas a contratar sus prestaciones en los 21 aeropuertos.
Los reiterados conflictos gremiales y las medidas de fuerza realizadas por trabajadores de la compañía afectaron en diversas oportunidades la actividad aeroportuaria. Ese fue uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la apertura del mercado y su privatización.
Entre 2020 y 2023, la empresa estatal necesitó asistencia estatal por unos $6700 millones, para garantizar operaciones y estándares de calidad. Desde fines de 2024, el Ejecutivo dejó de subsidiarla, desreguló el servicio y avanzó en un plan de apertura a privados.