(Corresponsalía Buenos Aires) – El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para incorporar en la Argentina un mecanismo similar al government shutdown de Estados Unidos, un sistema que implicaría la suspensión de determinadas funciones del Estado cuando se agoten las partidas presupuestarias y el Congreso no haya aprobado un nuevo Presupuesto.
La iniciativa abrió un debate sobre el alcance de esa figura y sus diferencias con el esquema vigente en el país. De acuerdo con un análisis publicado por Chequeado.com, el mecanismo estadounidense funciona bajo reglas muy distintas a las previstas actualmente por la legislación argentina.
En una entrevista con el canal de streaming Neura, Milei explicó que la propuesta busca que “cuando agotás el Presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”. Posteriormente, en declaraciones radiales, agregó que un organismo que se quede sin recursos no podría seguir funcionando hasta que el Congreso autorice una ampliación presupuestaria.
Cómo funciona el shutdown en Estados Unidos
En Estados Unidos, buena parte del funcionamiento del gobierno federal depende de partidas que el Congreso debe aprobar cada año fiscal. Cuando legisladores y Ejecutivo no logran acordar un nuevo presupuesto, suele sancionarse una ley de financiamiento transitorio (Continuing Resolution) para evitar la interrupción de los servicios públicos.
Si ese financiamiento temporal tampoco es aprobado, se produce el denominado government shutdown. En ese escenario, numerosas agencias federales suspenden parte de sus actividades hasta que exista una nueva ley de presupuesto.
Sin embargo, el cierre no alcanza a todas las funciones del Estado. Los denominados gastos obligatorios o permanentes —establecidos por leyes específicas— continúan ejecutándose. Entre ellos se encuentran programas sociales y otras obligaciones legales que no dependen de una aprobación presupuestaria anual.
En cambio, sí pueden verse afectados los llamados gastos discrecionales, que abarcan áreas como defensa, educación, salud, transporte y el funcionamiento de distintos organismos públicos. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense citados por Chequeado, este tipo de erogaciones representó alrededor del 31 por ciento del gasto federal en 2025.
Desde 1977 se registraron al menos veinte cierres parciales del gobierno federal de más de un día. Durante esos episodios hubo suspensión temporal de empleados públicos, interrupciones en distintos servicios y cierres de parques nacionales, museos y otros organismos.
Qué ocurre actualmente en Argentina
El sistema argentino funciona de manera diferente. La Ley de Administración Financiera establece que, si el Congreso no aprueba el Presupuesto antes del inicio del nuevo ejercicio, continúa vigente el presupuesto del año anterior.
Además, la normativa permite que el Poder Ejecutivo adecue partidas para reflejar cambios en la recaudación, gastos que ya no correspondan o autorizaciones de endeudamiento utilizadas.
Otro aspecto relevante es que la legislación vigente faculta al Jefe de Gabinete a realizar reestructuraciones y ampliaciones presupuestarias dentro de determinados límites sin necesidad de una nueva aprobación parlamentaria.
Durante la actual administración, el Gobierno prorrogó el Presupuesto 2023 durante dos años consecutivos, luego de que el Congreso no aprobara nuevas leyes de presupuesto.
Qué cambiaría con el proyecto
Según las declaraciones del Presidente, el proyecto buscaría modificar ese esquema para impedir que el Poder Ejecutivo continúe ampliando partidas una vez agotados los recursos asignados.
En la práctica, esto significaría que aquellos organismos que consumieran la totalidad de su presupuesto deberían suspender sus actividades hasta que el Congreso aprobara una ampliación o sancionara un nuevo presupuesto.
Hasta el momento, el Gobierno no presentó oficialmente el texto del proyecto, por lo que aún no se conocen los alcances precisos de la iniciativa, qué organismos podrían quedar alcanzados ni cuáles serían las actividades consideradas esenciales.
Fuente: elaboración propia sobre la base del análisis publicado por Chequeado.com y declaraciones públicas del presidente Javier Milei.