Odio contra la Argentina: El Gobierno expulsará o impedirá el ingreso de extranjeros que lo promuevan

El Gobierno nacional oficializó este jueves un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual se establecerá la expulsión o la prohibición de ingreso al territorio nacional de aquellos extranjeros que promuevan la violencia, el odio o la discriminación contra el pueblo argentino, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios.

La medida, respaldada por la firma del presidente Javier Milei, fue difundida a través de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA). Según informaron fuentes oficiales, la normativa responde directamente a una serie de agresiones y manifestaciones hostiles registradas recientemente contra el país.

Principales puntos del decreto

En el comunicado emitido por la Oficina del Presidente, se detallaron los fundamentos del nuevo decreto:

“La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”.

Asimismo, desde el Ejecutivo remarcaron que la soberanía y el respeto por los símbolos nacionales constituyen un límite infranqueable:

“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

Antecedentes y contexto

El anuncio oficial se da tras un incremento de episodios de agresiones dirigidas hacia la Argentina, las cuales registraron una mayor intensidad en plataformas digitales y redes sociales durante el desarrollo del reciente Mundial de fútbol celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Con esta disposición, el Poder Ejecutivo busca sentar un precedente legal y endurecer los criterios de permanencia y admisión migratoria en el país.

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