La cuenta regresiva hacia la sesión del 6 de agosto en el Senado nacional mantiene al oficialismo inmerso en una intensa negociación para reunir los votos necesarios que permitan aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Aunque el proyecto incluye modificaciones sobre desalojos, expropiaciones y manejo del fuego, el debate quedó concentrado en la eliminación de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros. En ese escenario, el bloque de la Unión Cívica Radical volvió a transformarse en un actor determinante y, dentro de ese esquema, los dos senadores radicales de Corrientes aparecen entre las piezas de mayor peso político.
Con apenas 21 senadores propios y el respaldo de un puñado de aliados, el Gobierno todavía necesita ampliar su base para alcanzar los 37 votos. La mirada está puesta sobre los diez integrantes del bloque radical, presidido justamente por el correntino Eduardo Vischi, quien quedó nuevamente en el centro de las conversaciones parlamentarias junto a los gobernadores de la UCR.
El panorama, sin embargo, está lejos de ser lineal. El Comité Nacional del radicalismo rechazó públicamente la modificación de la Ley de Tierras al advertir que podría comprometer la soberanía sobre recursos estratégicos y las zonas de frontera. Ese pronunciamiento profundizó las diferencias internas entre la conducción partidaria y los mandatarios provinciales que mantienen una relación de cooperación institucional con la administración Milei.
En Corrientes, esa discusión adquiere una dimensión particular. Además de Vischi, la senadora Gabriela Valenzuela integra el espacio político que conduce hoy el gobernador Juan Pablo Valdés y que ha sostenido una estrategia de diálogo con la Casa Rosada en los principales debates legislativos. A ellos se suma Carlos Mauricio “Camau” Espínola, aliado habitual del oficialismo nacional, por lo que dos de los tres representantes correntinos responden políticamente al Gobierno provincial.
La negociación atraviesa así un delicado equilibrio entre la posición institucional del radicalismo y las necesidades de gobernabilidad que expresan varias administraciones provinciales.