La medida de fuerza nacional arrancó este martes y se extenderá hasta el sábado. El reclamo también se centra en la recomposición salarial a trabajadores de las altas casas de estudio.
Los gremios docentes universitarios volverán a realizar un paro nacional desde este martes 18 hasta el sábado 22 de agosto para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley 27.795, que establece un esquema de financiamiento para las universidades. La protesta se inicia cuando se cumplen 300 días desde que el Ejecutivo dejó de cumplir con la norma sancionada por el Congreso.
La medida es impulsada por CONADU Histórica y tendrá alcance en las universidades nacionales. Dentro de esa federación, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) sostiene además el reclamo de mantener el paro por tiempo indeterminado hasta que se cumpla la ley.
Uno de los principales reclamos está relacionado con los salarios. De acuerdo con distintos cálculos, el Gobierno adeudaría una recomposición de entre 28,5% y 31,2% a los trabajadores universitarios. A ese porcentaje se suma el retroactivo correspondiente al período desde la entrada en vigencia de la ley, que también continúa siendo reclamado.
El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario
La protesta ocurre en medio de una disputa que también llegó a la Justicia. Las universidades cuentan con una medida cautelar dictada en diciembre y posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones en marzo, que ordenó pagar la recomposición salarial prevista por la ley.
El Gobierno presentó recursos contra esa decisión, pero el 25 de junio la Corte Suprema rechazó el último recurso oficial. De esta manera, la ejecución de la cautelar quedó nuevamente en manos del juez de primera instancia Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Federal N.° 11, quien ordenó avanzar con su cumplimiento.
La semana pasada, Cormick convocó a una audiencia para este viernes 21 de agosto. A partir de ese encuentro podrían surgir novedades en el expediente.
El planteo que dio origen a la convocatoria judicial fue realizado por la Universidad de Buenos Aires. En cambio, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que llevó adelante la demanda para reclamar el cumplimiento de la ley, se manifestó en contra de esperar nuevas instancias y sostuvo que la medida cautelar, al encontrarse firme, debe ser cumplida de inmediato.
De todos modos, desde el CIN confirmaron que asistirán a la audiencia convocada por el juez.
Además, los abogados del Consejo Interuniversitario Nacional se presentaron hace dos semanas ante el juzgado de Cormick para solicitar que se intime al Gobierno a cumplir con la cautelar. En ese pedido, plantearon la posibilidad de iniciar una demanda penal contra los funcionarios por desobediencia y de aplicar multas al Estado nacional.
Más medidas durante agosto
El paro de esta semana no será la única protesta prevista por el sector universitario. La semana pasada, cuando la mayoría de las universidades comenzó el segundo cuatrimestre, varias federaciones sindicales realizaron una jornada de paro el miércoles 12.
A su vez, CONADU, otra de las principales federaciones universitarias, convocó a un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.
Para los próximos días también están previstas las denominadas “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, que se instalarán frente al Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación, y en distintos puntos del país.
La Federación Universitaria Argentina (FUA), por su parte, convocó para este miércoles 19 a las 11, también frente al Palacio Pizzurno, para continuar con el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.
“Se cumplen 300 días desde que el Gobierno decidió no cumplir una ley sancionada por el Congreso. No estamos hablando de una diferencia de criterios ni de una discusión presupuestaria: estamos hablando de una obligación legal. El Gobierno no puede elegir qué leyes cumplir y cuáles no. La Ley 27.795 está vigente y tiene que aplicarse”, sostuvo Joaquín Carvalho, presidente de la FUA.
De esta manera, el conflicto por el financiamiento universitario vuelve a ocupar el centro de la agenda esta semana, con nuevas medidas de fuerza gremiales y una definición judicial que podría producirse a partir de la audiencia prevista para el viernes.