La morosidad no encuentra techo y 28% de las familias ya tienen tres deudas activas

El endeudamiento afecta al 92,3% de los hogares, según un informe del Centro de Almaceneros de Córdoba. En tanto, la morosidad real alcanza a 88,9% de las deudas se encuentra impagas o incumplidas. Ese porcentaje incluye tanto mora bancaria, por tarjeta pero también por alquileres, colegios y demás obligaciones incluso informales. Gremios marchan en reclamo de una activa intervención estatal.

El endeudamiento de las familias argentinas y, particularmente, la morosidad en el pago de las obligaciones contraídas no encuentra techo, según un nuevo informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, del Centro de Almaceneros de Córdoba.

El estudio nacional de 4.200 casos efectivos advierte que la deuda familiar dejó de ser un problema temporal para convertirse en estructural.

El relevamiento concluyó que el 92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda. Este indicador muestra una persistente estabilidad en comparación con el 91,7% de marzo pasado y el 91% de mayo de 2025.

Desde el organismo explicaron que el verdadero inconveniente no es cuántas familias deben dinero, sino las condiciones de acumulación en las que se encuentran. “El endeudamiento de los hogares argentinos ya no constituye un fenómeno asociado exclusivamente a situaciones individuales, transitorias o coyunturales”, señalaron.

En ese contexto, la acumulación de obligaciones financieras por hogar también demuestra un notable empeoramiento respecto de las mediciones de los últimos dos años. Actualmente, el 28,4% de las familias deudoras acumula más de tres deudas activas, frente al 8% medido en julio de 2024.

En sintonía con esto, la morosidad real alcanzó un punto sumamente delicado, ya que el 88,9% de las deudas se encuentra impaga o incumplida. Por otro lado, las obligaciones financieras que ya transitan por la vía judicial escalaron y alcanzaron al 41,3% de los casos.

La judicialización de los pasivos generó que un 17,2% de los hogares de todo el país registre embargos de sueldo, de bienes o bloqueo de cuentas.

Esto demuestra que el conflicto ya salió de la esfera privada de la familia y comienza a impactar de forma directa en el consumo general, explicó a Comercio y Justicia el titular del Centro de Almaceneros, Germán Romero.

Asimismo, la presión del endeudamiento asfixia mensualmente el presupuesto familiar disponible para salud, transporte y educación básica.

El 44% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de deudas, duplicando con creces el 18% registrado en 2024.

Uno de los datos más alarmantes es el destino que los ciudadanos le asignan a las tarjetas de crédito. El 62,5% del uso está destinado a la compra de alimentos, una cifra que viene en alza sostenida desde 2024.

Esta tendencia revela que el financiamiento ya no se usa para adquirir bienes durables, sino para complementar ingresos insuficientes. “El crédito pasa a complementar un ingreso que resulta insuficiente para cubrir necesidades esenciales de consumo presente”, destaca el documento oficial.

El informe también relevó aquellas deudas que se encuentran por fuera de los registros del Banco Central (BCRA), y detectó que el 49,3% del endeudamiento total de las familias corresponde a pasivos informales y compromisos no financieros.

Dentro de este universo informal, el fiado en los comercios de cercanía lidera los registros con un 13,3%. En la misma línea, las deudas acumuladas por alquileres de vivienda representan el 12,5%, seguidas de impuestos y expensas con un 8,5%.

Proyecciones negativas

Por otra parte, las percepciones de las propias familias no son precisamente optimistas.

El 47,5% de los hogares considera que no podrá afrontar la totalidad de sus deudas, mientras que un 15% no puede proyectar su situación.

Desde el Centro de Almaceneros remarcaron que la resolución de esta “insolvencia masiva” requiere de una estrategia integral urgente y coordinada.

Y en ese sentido plantea la necesidad de mejorar los ingresos reales de la población, revisar las subas de las tarifas de servicios públicos y regular activamente los canales de crédito informal.

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