La Justicia y la Fiscalía de Corrientes investigan a dos efectivos de la Unidad Regional Quinta de Santo Tomé. Se sospecha que permitieron a detenidos salir de sus celdas para perpetrar un violento robo millonario y luego regresar.
Un hecho de extrema gravedad institucional sacude a la ciudad correntina de Santo Tomé. La Justicia, la Fiscalía y áreas de investigación interna de la Policía provincial avanzan sobre distintas pistas para determinar si dos efectivos de la Unidad Regional Quinta facilitaron la salida de dos detenidos para que cometieran un millonario asalto a una agencia de Pago Fácil, permitiéndoles luego regresar a sus celdas sin levantar sospechas.
El caso, que combina sospechas de corrupción policial con una violenta entradera, mantiene en vilo a la comunidad local mientras se multiplican los allanamientos y las diligencias judiciales ordenadas en las últimas horas.
La hipótesis: presos con “permiso” para robar
De acuerdo con la información recabada en el marco de la investigación, las pesquisas se centran en dos uniformados bajo la presunción de haber actuado en connivencia con la banda delictiva. La maniobra investigada consistió en abrir el paso a reclusos alojados en la dependencia policial para que pudieran perpetrar el golpe y reingresar posteriormente al penal, un entramado que, de confirmarse, constituiría un escándalo sin precedentes recientes en la fuerza de seguridad local.
Por el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre la situación procesal de los efectivos mencionados, aunque las medidas probatorias continúan su curso para establecer responsabilidades concretas.
Una madrugada de terror y tortura
El raid delictivo que motivó la causa ocurrió durante la madrugada de un viernes, cuando tres delincuentes armados y encapuchados ingresaron a la vivienda particular de los propietarios de la agencia de cobros —ubicada en la zona céntrica y cuyos dueños se encontraban de viaje— tras saltar el muro perimetral y forzar una puerta.
En el interior se encontraba un empleado, quien fue rápidamente reducido, maniatado y sujeto a una silla. Durante aproximadamente una hora, la víctima sufrió agresiones físicas y amenazas extremas. En el momento más dramático del asalto, los atacantes le exigieron la ubicación de las llaves del local comercial bajo la intimidación de amputarle una mano utilizando una amoladora encendida.
Ante la brutalidad de la agresión, el trabajador entregó una primera llave. Con ese elemento, dos de los delincuentes se trasladaron hasta el local de Pago Fácil en el centro de la ciudad, mientras el tercero permanecía custodiando al rehén.
Al comprobar que necesitaban acceso a otras dependencias internas del comercio, los asaltantes regresaron a la vivienda para someter nuevamente al empleado a golpes y torturas hasta obtener la información faltante. Con el botín asegurado —estimado por los propietarios en una cifra superior a los cinco millones de pesos—, la banda emprendió la huida: dos de ellos en un automóvil gris (actualmente bajo peritaje) y el tercero a bordo de la motocicleta particular de la propia víctima.
Trabas institucionales y reclamos
A la gravedad del robo y la presunta complicidad policial se sumó otro foco de conflicto: los damnificados denunciaron públicamente haber encontrado trabas para formalizar la denuncia. Según manifestaron tanto el propietario como el encargado, se presentaron en la Comisaría Segunda de Santo Tomé tras el hecho, pero aseguraron que no se les tomó el trámite formal en ese momento, una irregularidad que también entró en el radar de los investigadores.
La causa continúa caratulada como un hecho de extrema gravedad debido al despliegue de violencia, el monto sustraído y la posible participación de personal en actividad de la propia fuerza. Se aguardan nuevos partes oficiales y medidas restrictivas en las próximas horas.