Un giro determinante en la investigación judicial por el millonario asalto a la agencia de cobros reveló la existencia de una red criminal organizada dentro de la propia dependencia policial. Entre los nuevos detenidos figuran la suboficial encargada del recinto, un presunto “marcador” de objetivos y otro colaborador clave del atraco.
La investigación judicial por el asalto a una agencia de Pago Fácil ocurrido a mediados de septiembre en Santo Tomé registró un avance central tras una serie de allanamientos solicitados por la Justicia. Durante los procedimientos fue detenida una suboficial de la Policía de Corrientes de apellido Morel, quien se desempeñaba como jefa de guardia en la Alcaidía local y está acusada de integrar una asociación ilícita con reclusos y delincuentes externos.
Según la hipótesis reconstruida por el fiscal Facundo Cabral, la banda contaba con la complicidad de la agente para facilitar la salida nocturna de dos internos, quienes salían a cometer atracos en la ciudad y regresaban a sus celdas antes del amanecer. Para ejecutar la maniobra sin ser descubierta, la oficial esperaba el cierre de celdas (cerca de las 23 horas) y ordenaba al personal subordinado retirarse a descansar o trasladarse a otros sectores, quedando sola al cuidado del recinto. Asimismo, la investigación apunta a que les habría provisto de uniformes policiales y armas de fuego para circular por las calles e imprevistos sin levantar sospechas.
Dentro de las pesquisas se estableció además la existencia de una presunta relación sentimental de varios meses entre la mujer policía y uno de los reclusos, señalado como integrante de una organización delictiva asentada en la localidad de Alvear con vínculos en asaltos a “piratas del asfalto”.
A la aprehensión de la funcionaria policial se sumaron otros dos arrestos ejecutados por personal de la Comisaría Segunda de Santo Tomé. En una propiedad del barrio Tablada (calle Aramburu y Juan Savall) fue capturado M. Arnaldo, alias “Maxi”, sindicado como participante directo del asalto. En simultáneo, las autoridades detuvieron a un hombre de apellido Galarza, acusado de actuar como “marcador” de las viviendas y locales comerciales a vulnerar, quien ya contaba con antecedentes por otros delitos locales.
El avance de la causa confirma las sospechas originadas tras el asalto del 17 de septiembre, cuando delincuentes maniataron a un trabajador y utilizaron sus llaves para sustraer un botín millonario del local de cobros ubicado a solo 30 metros de la Comisaría Primera y de la Unidad Regional V. El relevamiento de las cámaras de seguridad fue el elemento clave que permitió identificar que los rostros de los asaltantes coincidían con los de dos presos que debían estar recluidos en la Alcaidía.
Este escándalo ya había derivado a comienzos de mes en el relevo de la cúpula de la Unidad Regional V y de la Comisaría Primera, sumado al apartamiento preventivo de cuatro efectivos dispuesto por la Jefatura bajo el principio de “tolerancia cero”. Con estas tres nuevas detenciones, los imputados quedaron a disposición de la Justicia mientras se analizan peritajes telefónicos e inspecciones de seguridad en la dependencia.