Recorte del Estado, dolarización, inseguridad, arancelamiento de la educación pública y eliminación de las políticas de desarrollo científico del país. Estos y otros tópicos forman parte del debate de los cinco candidatos a la presidencia que competirán el 22 de octubre. Sin embargo, un aspecto crucial para la vida de los argentinos es dejado de lado: el acceso a una vivienda digna.
La problemática se aborda por dos aristas, por un lado se encuentra la adquisición de una casa propia y por el otro el ingreso a un alquiler. Mientras que el primer aspecto de análisis es algo reservado para las pocas personas que pueden acceder a una vivienda a través del Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO) o programas nacionales como “Casa Propia”, el segundo es más abarcativo y en consecuencia tiene un impacto en millones de familias.
Hasta el segundo semestre de 2022, la cantidad habitantes en inmuebles de terceros ascendió a 13.345.500 en todo el país, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El informe aclara que dentro del grupo 8,3 millones son los que “deben pagar por el uso un monto determinado en concepto de alquiler”.
Mientras 4,4 millones de personas son “ocupantes”, lo que comprende a quienes pagan impuestos por un terreno y aguardan la famosa “prescripción adquisitiva” o una sucesión, y aquellos que trabajan en realación de dependencia o están desocupados y vivien en una propiedad de un empleador, para el primer caso, o residen en forma gratuita con autorización de su propietario . A este grupo se le suman unos 832 mil argentinos que ocupan tierras fiscales.
Una de las soluciones normativas que acordó el establishment político y económico para el primer grupo en 2019 fue la Ley Nº27.551 , más conocida como Ley de Alquileres, que entró en vigencia el 1 de julio de 2020. Una legislación que fue pensada para una Argentina ideal, con una tasa de inflación anual controlada y una recuperación considerable de los ingresos. Un documento que estableció pautas para regular la relación entre inquilinos y propietarios, que tuvo como eje un índice, calculado por el Banco Central, formado por el promedio entre la evolución de los salarios y el porcentaje de inflación. Este sirvió, hasta la actualidad, para ajustar cada 365 días las subas y volver así “más justo” para ambas partes los aumentos.
Cuatro años después de su sanción, los mismos actores del mercado inmobiliario que le habían dado el visto bueno (desde locatarios, pasando por inmobiliarias, hasta locadores) están apurados por sacársela de encima y llegar a una nueva norma que asuma las realidades económicas de un país en crisis permanente. De esta forma, este 23 de agosto iniciará un nuevo debate en la Cámara de Diputados de la Nación (siempre que el quórum se lo permita) impulsado por sectores de la oposición al Gobierno nacional.
El principal cambio que buscan desde la bancada de Juntos por el Cambio es que las actualizaciones vuelvan a ser de común acuerdo entre inquilinos y propietarios, por intervalos no menores a seis meses. Una modificación que inclina la balanza hacia el lado de los propietarios que dan por supuesto que esos montos definidos serán los que beneficien a los inquilinos. A la vez que le asegurarán mejores rendimientos económicos ya que los incrementos anuales vienen quedando por detrás de la inflación, situación que los obligó a retirar sus propiedades del mercado poniéndolas a la venta o bien pasándolas a alquileres temporarios.
Por su parte, las organizaciones que se atribuyen la defensa de los locatarios, generalmente guiadas por ideologías de izquierdas, consideran que no debe avanzarse en ninguna reforma que le quite el poder de intervención al Estado. Y que el retiro de las propiedades responde a “un golpe de mercado”.
Los ignorados
Ninguna de estas dos posturas antagónicas atiende el problema de fondo. Avanzar hacia un debate parlamentario por una nueva ley es una necesidad imperiosa, sobre todo por el drama que genera en los locatarios que los aumentos anuales estén sujetos a la inflación, el origen de todos los males en Argentina desde 1983.
En segundo lugar, no abordan otros problemas más puntuales como la elevada cantidad de requisitos que deben cumplir los inquilinos para ingresar a un inmueble o los altos costos administrativos que imponen las inmobiliarias. Aspectos que la legislación planeaba atender a través de un Programa Nacional de Alquiler Social destinado a facilitar el acceso a unidades habitacionales, sobre todo para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones por desempleo. Todo ello se transformó en una simple “letra muerta”.
Por el lado de los propietarios, la discusión está lejos de políticas que fomenten las inversiones “en ladrillos” para nutrir el mercado con una mayor oferta. Y como dice una de las leyes básicas del libre mercado, a mayor oferta los precios tienden a bajar.
Hoy por hoy en Corrientes, y todo el país, existe una escasez considerable de inmuebles en alquiler que se mantiene hace más de un año. Una situación gravísima ignorada completamente por los poderes ejecutivos y legislativos de la Provincia y la Nación. Ignorar el problema es por ahora es para ellos la solución.