Una de las medidas en materia económica que más está dando qué hablar en las últimas horas es el bono de $60.000 ( a pagar en dos cuotas en septiembre y octubre) para trabajadores privados y estatales con un salario igual o menor a $400.000. Y si bien el Ministerio de Economía de la Nación aseguró que se hará cargo de un 50% del monto en caso de empresas con menos de 100 empleados, las asociaciones de comerciantes rechazaron la medida. Mientras que los sindicatos ven difícil su cobro pese a que la situación de los salarios es crítica.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió ayer un comunicado en el que se mostró en contra de esta política de Gobierno y resaltó que las paritarias son la única herramienta para modificar los haberes. “La injerencia del Estado en la actividad privada no solo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de PYME”, resaltó la entidad.
Usando los argumentos de la CAME, la Federación Económica Corrientes (FEC) difundió ayer su propio comunicado en el que también se opone a la intervención del Estado. “Instamos al Gobierno nacional a rever las medidas y solicitamos a los legisladores nacionales intercedan para salvaguardar las PYME, fuente principal de empleo, bienestar y prosperidad”, remarcaron.
El presidente de la FEC, Jorge Gómez, en comunicación con diario época, fue muy crítico con las nuevas disposiciones amparadas en un decreto del que todavía se conocen pocos detalles. “Una vez más los privados debemos salir a solucionar los problemas a los que la política no encuentra respuesta. Ellos creen que dándole más a la maquinita se va sostener el consumo, pero el problema es que no hay un plan definido. Todas estas medidas compulsivas son malas”, analizó puntillosamente.
Gómez remarcó que en la actualidad ninguna empresa puede hacerse cargo del bono. A la vez que fustigó que ya deben sostener sus emprendimientos en una “economía estancada”.
Desde la parte gremial son pocas las expectativas, sobre todo porque consideran que es una solución a corto plazo. Por ejemplo, la secretaria General Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina de Corrientes, María Del Valle Valenzuela, se declaró a favor del bono ya que “ningún trabajador llega a fin de mes. De todas formas creemos que muy pocas empresas van a estar dispuestas a brindarlo por la situación económica. Y si uno mata a las empresas, mata a la fuente laboral”, analizó.
Para la referente del sector turístico, la verdadera solución pasa por dar un aumento significativo durante la fijación del salario mínimo. “Los trabajadores estamos sosteniendo un sistema inviable que va camino al colapso”, sentenció. Y por último se mostró preocupada por el estado de la economía después del 22 de octubre: “Vamos a necesitar 50 bonos si no hay una solución de fondo”.
Desde Sindicato de Empleados de Comercio de Corrientes destacaron que su sector ya acordó un bono en agosto y septiembre. Aunque no descartaron, tímidamente, hacer planteos por las nuevas medidas. “Ahora no tenemos determinaciones, pero nuestra postura será la que adopte el gremio a nivel nacional”, finalizó una fuente reservada.
Más de diez provincias rechazaron pagar el extra de $60 mil a los trabajadores
Luego de que el ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa, anunciara una suma fija de $60.000 para los trabajadores del sector privado y público, varios gobiernos provinciales salieron a aclarar que no pagarán este bono, que deberían abonar con fondos propios.
Hasta el momento, las provincias de Misiones, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Santa Cruz, Tucumán y la ciudad de Buenos Aires adelantaron que seguirán con los acuerdos salariales acordados en paritarias previo al anuncio de la suma fija.
Hasta ahora solo confirmaron este pago Mendoza, La Rioja y Santiago del Estero. En tanto, el resto de las provincias por estas horas estaba definiendo qué hacer, es decir si se plegaban al bono o privilegiaban sus negociaciones locales.
El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, señaló que se cumplirá con la decisión de “pagar la paritaria”. “La medida nacional invita a las provincias a adherirse. Nosotros aplicamos el acuerdo que tenemos”, amplió.
Además, Pusineri señaló que en Santa Fe rige un acuerdo que se definió recientemente, con un aumento del 25% sobre los salarios de febrero y cláusulas de actualización automática.
Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, indicó que su distrito ya ha concedido aumentos muy cercanos a la inflación este año, “con paritarias mensuales y en algún caso hasta quincenales” a los 160.000 empleados municipales, entre docentes, profesionales de la salud, policías y personal de la administración pública.