El caso de Ángel Nicolás López, de 4 años, reaviva el debate sobre la actuación de la Justicia y los organismos de niñez, tras revelarse antecedentes de violencia de su madre biológica.
La muerte de Ángel Nicolás López, un niño de apenas 4 años, generó una profunda conmoción en la provincia de Chubut y puso en el centro del debate la responsabilidad de los organismos de protección de menores. Mientras la fiscalía avanza en la investigación, comenzaron a conocerse datos sobre el entorno familiar y las decisiones judiciales previas que hoy son objeto de cuestionamientos.
Fuentes judiciales indicaron que el fiscal Facundo Oribones solicitó informes a las provincias de Corrientes y Misiones, donde residió anteriormente la madre del menor, Mariela Altamirano. Según trascendió, en esos lugares existirían antecedentes vinculados a situaciones de violencia y la intervención de organismos estatales.
De acuerdo al testimonio del padre del niño, Luis López, el desenlace podría haberse evitado. El hombre aseguró que había advertido a las autoridades sobre los riesgos de restituir el vínculo con la madre biológica, quien —según su relato— se había desvinculado del menor durante años. “La Justicia priorizó el vínculo biológico por encima de la seguridad de mi hijo”, expresó.
El niño había sido reintegrado al cuidado de su madre hacía aproximadamente tres meses, una decisión que hoy es cuestionada por la familia paterna, que denuncia falta de escucha por parte de los organismos intervinientes.
En la misma línea, Lorena Andrade, madrastra del menor, apuntó contra las instituciones encargadas de garantizar la protección del niño. A través de redes sociales, sostuvo que recurrieron a distintas instancias sin obtener respuestas. “Recorrimos Defensoría, no nos escuchó Protección de Menores”, afirmó.
La investigación judicial busca determinar las circunstancias de la muerte y establecer posibles responsabilidades, tanto en el ámbito penal como en el desempeño de los funcionarios que intervinieron en el caso. Entre las hipótesis en análisis se encuentra la posible omisión de deberes por parte de agentes estatales.
El caso reabre el debate sobre los protocolos de intervención en situaciones de restitución familiar, especialmente cuando existen antecedentes de violencia. En este contexto, distintos sectores reclaman revisar los mecanismos de evaluación y seguimiento para evitar que hechos de estas características vuelvan a repetirse.