En medio de los incendios, el Gobierno otorgó $120.000 millones en subsidios a bomberos voluntarios

La asistencia económica alcanza a más de mil asociaciones de todo el país y estará destinada a equipamiento, mantenimiento de unidades y capacitación. Los fondos se distribuirán de manera trimestral.

En el contexto de los incendios que afectan a distintas regiones del país, especialmente en la Patagonia, el Gobierno nacional dispuso la entrega de $120.000 millones en subsidios para los bomberos voluntarios, tras los cuestionamientos por el recorte presupuestario en el área.

Según lo establecido por el Ministerio de Seguridad Nacional, cada una de las 1.062 asociaciones de primer grado habilitadas recibirá $94.924.971,75, fondos que deberán destinarse a la compra de equipamiento, materiales de protección y al mantenimiento de las unidades operativas.

El esquema de financiamiento también contempla partidas para entidades de segundo y tercer grado. En ese marco, las federaciones provinciales percibirán dos transferencias de $7.754.639.995,93 cada una, distribuidas de forma proporcional según la cantidad de asociaciones afiliadas, para cubrir gastos de funcionamiento, representación y capacitación.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se detalla que los pagos se realizarán de manera trimestral a través del Banco de la Nación Argentina, sujetos al cumplimiento de las obligaciones administrativas de cada institución.

Además, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios recibirá fondos para la Academia Nacional de Capacitación y gastos operativos, mientras que la Agencia Federal de Emergencias (AFE) contará con recursos destinados a tareas de fiscalización, formación de instructores y adquisición de equipamiento regional.

La normativa establece que todos los bienes adquiridos con estos fondos deberán estar identificados con la leyenda “Subsidio Nacional Ley N° 25.054” y que la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios será la encargada de controlar la correcta utilización de los recursos, con la posibilidad de suspender pagos ante irregularidades en las rendiciones de cuentas.

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