Los recorridos se suspendieron el viernes desde las 22 de manera repentina, afectando a trabajadores y estudiantes. La medida iría en contra del contrato vigente y abre sospechas de presión para aumentar el boleto.
La decisión de la empresa ERSA de suspender los servicios nocturnos de transporte urbano en Corrientes y Chaco generó fuerte malestar entre los usuarios , que quedaron sin movilidad desde las 22 y sin información previa sobre la medida.
El recorte, que también fue adoptado por Transporte San Lorenzo en la capital correntina, se implementó de manera repentina el viernes, obligando a cientos de pasajeros a buscar alternativas de traslado sobre la marcha, en muchos casos con mayores costos o directamente sin opciones.
Desde las empresas argumentaron que el aumento del precio del combustible afecta la distribución del servicio entre las unidades, aunque no brindaron precisiones ni anticiparon la decisión con tiempo suficiente para que los usuarios pudieran reorganizarse.
La medida impacta de lleno en trabajadores nocturnos, estudiantes y vecinos que dependen del transporte público, quienes ahora quedan sin cobertura hasta el reinicio del servicio a la mañana siguiente.
En contraste, otras firmas como Transporte Miramar y La Estrella del Norte continúan operando con normalidad en la ciudad de Corrientes, lo que profundiza las dudas sobre el alcance real de las dificultades planteadas por ERSA.
Además, el servicio interprovincial entre Corrientes y Resistencia mantiene su frecuencia habitual, ya que se encuentra bajo regulación nacional, lo que impide modificaciones unilaterales en su funcionamiento.
Uno de los puntos más cuestionados es que la decisión de recortar horarios no sería facultad de la empresa. Según el pliego de licitación del servicio, las prestatarias no pueden reducir frecuencias ni modificar recorridos sin autorización previa, lo que abre interrogantes sobre la legalidad de la medida.
En este contexto, distintos sectores interpretan la suspensión de los servicios nocturnos como una forma de presión para forzar una actualización en la tarifa del boleto, en medio de un escenario de aumento de costos y caída de subsidios.
Mientras tanto, los usuarios vuelven a quedar en el centro del conflicto, enfrentando las consecuencias de una crisis que, una vez más, se traduce en menos servicio y mayores dificultades para la vida cotidiana.