Dos jóvenes de Corrientes relataron a la prensa correntina su experiencia tras la sorpresiva aprobación de una norma que limita el acceso a la ciudadanía italiana a descendientes lejanos de italianos.
La Cámara de Diputados de Italia aprobó la semana pasada un decreto-ley que afecta directamente a miles de descendientes de italianos en todo el mundo, entre ellos al menos tres jóvenes correntinos que viajaron recientemente a ese país con la intención de obtener la ciudadanía por vía administrativa. El cambio normativo, impulsado por la primera ministra Giorgia Meloni, restringe el acceso a este trámite exclusivamente a hijos o nietos de italianos nacidos en Italia que no se hayan naturalizado argentinos, dejando fuera a bisnietos y generaciones posteriores que hasta ahora podían iniciar el proceso desde el extranjero o en territorio italiano.
El matutino dio a conocer las historias de dos jóvenes afectadas por la nueva normativa. Una de ellas es Aldy Antoniol, oriunda de Santa Lucía, quien llegó a la ciudad de Torino el pasado 19 de marzo con la esperanza de concretar el trámite. “Dejé mi trabajo de veterinaria esperando encontrar algo mejor acá, no necesariamente como veterinaria, pero sí como auxiliar o en otro rubro”, relató.
Aldy explicó que alcanzó a alquilar un departamento y comenzar con los trámites, pero no logró fijar residencia antes de la entrada en vigor del decreto. “Llevo gastados hasta ahora cerca de 4 mil euros, casi 5 millones de pesos. Pedí turno por mail, pero no me llegaron a contestar y luego salió el decreto. Si me hubieran contestado, sí hubiera podido tramitar mi ciudadanía”, lamentó. Su vínculo con Italia es a través de su bisabuelo, lo que la deja fuera de los nuevos requisitos legales.
En una situación similar se encuentra otra joven correntina, oriunda de la capital provincial, que prefirió mantener su identidad en reserva. Ella se trasladó a Lavagna con el mismo objetivo y expresó su frustración: “El problema es que lo hicieron sin avisar. Hay más de 600 personas que llegamos siguiendo una ley y de un día para el otro nos dijeron que esa ley no existe”.
Con un gasto acumulado superior a los 7.500 euros —entre pasajes, trámites, hospedaje y permisos— la joven cuestionó la falta de previsión y apoyo: “Somos fantasmas ilegales. Si a mí me avisaban antes, yo ni venía al país”.
Un tercer correntino, oriundo de Goya, también se encontraría en la misma situación, aunque al momento de la publicación no respondió las consultas.
La presidenta de la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo “Unione e Fratellanza” de Corrientes, Marta Mezzi, calificó al decreto como un “cepo a la ciudadanía”. Señaló que la medida no solo afecta a los correntinos, sino a millones de descendientes italianos en todo el mundo: “La mayoría de nosotros tiene un tatarabuelo o bisabuelo italiano. Esto limita el derecho a la ciudadanía y pone en jaque a quienes trabajamos por mantener viva la cultura italiana”.
Además, explicó que incluso quienes ya tienen doble ciudadanía podrían no poder transmitirla a sus hijos si no cumplen con las nuevas exigencias de residencia en Italia.
Mientras tanto, jóvenes como Aldy y su coterránea en Lavagna analizan sus opciones: regresar a Argentina, buscar una visa de trabajo o salir del espacio Schengen, aunque esto último “no se alinea con sus objetivos”. La incertidumbre domina a quienes se vieron sorprendidos por una modificación legal que trastocó sus planes de vida.