Tanto la fiscal de la investigación Dra. María Eugenia Ballara, la querella que representa a la familia de la víctima y el juez de garantías se opusieron al pedido de la defensa de los imputados en la última audiencia llevada a cabo en Goya.
Las defensas impugnaron la decisión y recurrieron a Cámara de Revisión y en voto dividido (2 a 1) concedieron la prisión domiciliaria inmediata.
EL CASO
Dos policías fueron imputados como supuestos responsables del delito de homicidio agravado de Carlos Andrés Bartlett en la ciudad de Goya. Se trata de los efectivos que ocupaban el patrullero con el que atropellaron, en al menos dos ocasiones, a un hombre de 37 años que sufrió un brote psicótico, presuntamente por ingesta de drogas, y empuñaba dos cuchillos en la vía pública.
Videos de algunas cámaras de seguridad y filmaciones de terceros que trascendieron en público resultaron fundamentales para demostrar el exceso y mal accionar de los uniformados.
El jueves a la noche, se realizó en la Oficina Judicial de Goya la audiencia de medida de coerción en la que el juez de Garantías, Darío Ortiz, hizo lugar al pedido de prisión preventiva de los dos policías.
De esta manera, el sargento primero Santiago Emiliano Molina y el cabo primero Sergio Matías Maciel permanecerán encerrados durante el tiempo que perdure la investigación y hasta llegado el juicio.
El magistrado dio el visto bueno para adoptar la medida a solicitud de María Eugenia Ballará, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas.
La audiencia duró dos horas y la querella se sumó al pedido del Ministerio Público Fiscal. “El juez decidió la prisión preventiva por tiempo indeterminado”, según informó el Poder Judicial a través de su Dirección de Ceremonial, Prensa y Relaciones Institucionales.
De la audiencia participaron los padres y hermanos de la víctima y tres abogados defensores. En tanto, los dos policías que en ese momento permanecían demorados y ahora están detenidos en una dependencia de la ciudad de Corrientes, lo hicieron vía remota.
El juez Ortiz explicó que decretó la prisión preventiva porque “se dan los dos riesgos procesales que son el de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación”.
La defensa no discutió la materialidad del hecho y la posible participación de los imputados, por lo que el juez solo evaluó los riesgos procesales y tomó esa decisión.
“Estimo que existen suficientes indicios como para tener por configurados los riesgos procesales de fuga y de obstaculización de la investigación, teniendo presente para ello el contexto en que sucedió un hecho de suma gravedad, la expectativa de pena de prisión perpetua, la circunstancia de ser funcionarios policiales, los indicios que se mencionaron en cuanto a conductas obstaculizadoras como ser falsear el hecho en la comunicación a la señora fiscal, la concurrencia al domicilio de testigos, la prohibición de filmar o que trascienda dicha filmación, todo lo cual se analiza de manera conjunta y concatenada”, dijo Ortiz para justificar su decisión.