Avanza a paso firme el juicio oral y público contra seis efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Intervención Rápida, acusados de provocar la muerte por abandono de Lautaro Rosé, la noche del 8 de noviembre de 2021 y también de apremios ilegales y torturas contra un menor de 17 años que lo acompañaba. Durante la última jornada un efectivo de la fuerza situó a varios de los acusados en la escena y era la confirmación que buscaba la querella para ubicar a los responsables en el lugar.
Cerca de las 11 de este martes, la sala del Tribunal Oral Penal N°1 fue nuevamente sede de otra jornada de juicio que se le sigue a seis integrantes del GIR y se escucharon esta vez los testimonios del subcomisario Martín Billordo y un efectivo de la fuerza, Sebastián Rojas. El primero habría manifestado que estuvo en la zona minutos antes de los incidentes y se podía acceder normalmente y si bien había música fuerte, se podía escuchar y mantener una conversación normal.
En tanto, para la querella, el testimonio de Rojas fue lo trascendente de la jornada, ya que sostuvo que además de la patrulla del GIR, el suyo fue el primer móvil en llegar a la escena tras los incidentes y pudo notar que se retiraba el vehículo del grupo policial, pero en el lugar habían quedado tres efectivos con un menor aprehendido y esposado con las manos atrás. Este dato respalda lo que ya había testificado oportunamente Ismael Meza, otra de las personas que observó el procedimiento.
En la audiencia anterior, uno de los imputados había pedido declarar y denunció que sufrió la desatención de su abogado defensor “puesto” en su momento desde la Jefatura de Policía y que continuó tras el cambio de autoridades de la plana mayor. Se trata de Carlos Alfredo Prieto, quien señaló al doctor Buompadre por impedir su declaración. También apuntó contra el Jefe de Policía de intentar convencerlo de hacerse cargo del incidente y su fatal resultado, a cambio de “beneficio”; además de amenazarlo. También se dirigió contra las autoridades de Gobierno y el
fiscal del caso. Según la visión del doctor Hermindo González, querellante en la causa, solo intenta instalar otro escándalo en medio del debate y pidió que las denuncias sean derivadas para su investigación.
La causa, que tiene previsto el paso de alrededor de 28 testigos, ya está avanzada y la próxima audiencia se reanudará el 24 de junio desde las 10:30, con otros cuatro nuevos testigos.
Los seis efectivos policiales del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) se encuentran imputados por los delitos de “abandono de persona agravado por el resultado muerte; severidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Las partes
El Tribunal está conformado por los doctores Ana del Carmen Figueredo como presidente del cuerpo, acompañada de Darío Alejandro Ortíz y Román Facundo Esquivel como vocales. La secretaria de juicio es Tamara Lorena Brescovich.
El fiscal de juicio es Carlos José Lértora. La defensa de los imputados está a cargo de los abogados Mónica Montañez Vázquez (por Aguirre y Barberán Robledo), Diego O. Falcón (por Aveiro y Pruyas), y Carlos Navarro y Francisco Leguizamón (por Romero y Prieto). Actúan como querellantes conjuntos Herminio I. González y Sonia González.
El delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte prevé una pena de cinco a quince años de prisión.
Por otra parte, el delito de severidades prevé una pena de uno a cinco años y el de incumplimiento de los deberes una pena de uno a dos años de prisión.