En el país, en los primeros seis meses del año hubo 152 femicidios. Chaco y Misiones encabezan el ranking de los números en la región; Corrientes y Formosa ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente.
En las últimas horas trascendió el informe del observatorio nacional “Ahora que si nos ven”, el cual arrojó que del 1 de enero al 30 de junio del 2023 en el país hubo un total de 152 femicidios, ubicando a Corrientes con cinco casos (Alba Ricotti, Alejandra Navarro, Romina Groff, Gladis Eloísa Salas y Griselda Blanco) en el tercer lugar a nivel regional.
En 2022, según los datos del Observatorio de Género Mumala, hubo 4 muertes machistas. Ellas fueron Paula Villordo, de Virasoro, y Cynthia Sánchez, Mariela Arias y Nilda Maidana, de la capital.
Ya para el 2023, Chaco con 9 y Misiones con 6 son las dos primeras provincias del NEA que mantienen una cifra elevada de casos.
Además, desde el Observatorio detallan que a nivel nacional hubo 179 intentos de femicidio, el 58% de los femicidios fueron cometidos por la parejas y exparejas de las víctimas y el 78% de los casos fueron perpetrados por una persona del círculo íntimo de la víctima.
Seguidamente, especificaron que el 57% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima.
Asimismo, es preciso remarcar que el 25% de los femicidios ocurrieron en la vía pública. Si bien es un número menor debemos visibilizarlo, para tomar conciencia de la necesidad de construir y pensar el espacio público de las ciudades con perspectiva de género y diversidad.
También dieron a conocer que 31 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 23 tenían medidas de protección. Estas cifras dejaron al menos 113 niños sin sus madres como consecuencia de la violencia machista.
Es preciso remarcar que ante estas cifras preocupantes las mujeres y disidencias siguen exigiendo una reforma judicial transfeminista, con mujeres y LGBTI+ feministas en los puestos de decisión con una real incorporación de la perspectiva de género.
A su vez, como en cada protesta en las calles las manifestantes exigen que se implemente correctamente la Ley Micaela en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial, para que los funcionarios públicos dejen de subestimar los casos de violencia. Y a estas figuras los colectivos feministas los instan a que “nadie puede negarse a tomarte la denuncia, no hay excusa para eso. Como cada mes repetimos que fuerzas de seguridad y Justicia respetuosas de los derechos humanos son una deuda de la democracia”.
En resumen, las cuestiones de género y las respuestas por parte de la justicia ante los femicidios sigue siendo la deuda pendiente.