(Pablo Roma, Congreso de la Nación) – La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados comenzó esta tarde el debate sobre la posible expulsión de los legisladores que, el pasado 11 de julio, visitaron a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza.
En una sala repleta de legisladores, asesores y víctimas del terrorismo de Estado, el segundo piso del Anexo A de la Cámara de Diputados se convirtió en el epicentro de un encendido debate que ha capturado la atención de la agenda periodística de los últimos días.
El encuentro, que fue convocado con carácter de urgencia, se desarrolló en un clima de tensión, con diversas posturas sobre la mesa. Por un lado, sectores del oficialismo, liderados por la bancada de Unión por la Patria (UP), impulsan con fuerza la sanción máxima para los diputados de La Libertad Avanza que visitaron a los represores Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason y Adolfo Donda.
Entre ellos se encuentran Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta y Álida Ferreyra. Estos legisladores, según un comunicado de UP, “provocaron una afrenta directa a las víctimas y al pueblo argentino que juzgó y condenó a los responsables de los crímenes de la dictadura”.
La gravedad de los hechos ha llevado a que se invoque el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a la Cámara de Diputados a evaluar y sancionar la conducta de sus miembros. Este artículo, junto con el 188 del reglamento del Cuerpo, permite la creación de una comisión especial que, en un plazo de 20 días, debe determinar responsabilidades y proponer medidas disciplinarias.
Durante la reunión, se escucharon testimonios de víctimas del terrorismo de Estado y de familiares de desaparecidos, quienes insistieron en la necesidad de que se avance con la expulsión de los legisladores implicados. “No se trata solo de una visita a la cárcel, es un acto de reivindicación del genocidio”, afirmó uno de los oradores.
Sin embargo, en los pasillos del Congreso se percibe incertidumbre respecto a si la sanción será tan dura como algunos sectores exigen. Se barajan otras opciones, como una suspensión temporal o incluso el corte de la percepción de haberes, aunque la reunión de hoy no arrojó certezas sobre la decisión final.
La visita de los legisladores a los genocidas también ha generado fuertes repercusiones políticas. El presidente de la Nación y figuras clave del oficialismo intentaron desmarcarse del escándalo, que llevó a la renuncia de la diputada Lourdes Arrieta, conocida como “la diputada del patito en la cabeza”, tras recibir críticas de su par Lilia Lemoine, de quien se dice que actúa bajo la influencia de Karina Milei, hermana del líder de La Libertad Avanza.
En tanto, desde la oposición, las reacciones han sido dispares. La vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, no solo no guardó silencio, sino que llevó a cabo un acto oficial en el Senado para reclamar que se juzgue a los terroristas y se reconozca a las víctimas de las organizaciones montoneras de los años 70.
Por su parte, el Presidente Javier Milei, evitó involucrarse en la polémica, afirmando que “no es un tema que esté en su agenda”, mientras que su vocero, Manuel Adorni, señaló que “se trata de una situación que nos excede como gobierno”.
La controversia sigue creciendo y, con ella, la presión sobre la Cámara de Diputados para tomar una decisión ejemplar. La próxima semana será clave para definir si estos legisladores enfrentan la máxima sanción o si el debate se diluye en una medida menos severa. Mientras tanto, las heridas del pasado reciente de Argentina vuelven a abrirse, recordando que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia sigue siendo un tema central en la vida política del país.