Ex intendente de Corrientes condenado por abuso sexual fue detenido por contrabando

Erasmo Chuke fue jefe comunal de una localidad de Corrientes hasta 2021 y lo habían condenado por abusar de una nena. También un funcionario policial fue apresado en las últimas horas. 

En once allanamientos realizados en simultáneo el lunes en distintas localidades de las provincias de Corrientes y Misiones, 62 toneladas de soja fueron incautadas y siete personas fueron detenidas, entre ellas, el exintendente de la localidad de Garaví, departamento de Santo Tomé, y un efectivo de la policía de Corrientes. 

Denunciado por abuso sexual

El 12 de mayo pasado, en una sola audiencia, los jueces María Alejandra Petrucci de Oharriz, Rodrigo López Lecube y Manuel Horacio Pereyra del Tribunal Oral N°6 de Santo Tomé. condenaron al ex funcionario a la pena de 6 meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple de una menor de 12 años.

La investigación contra el funcionario comenzó en 2017 cuando la madre de la víctima -que hoy tiene 17 años- denunció al ex funcionario ante la Comisaría del Menor y la Mujer en la ciudad de Gobernador Virasoro, de donde es oriunda la adolescente y su familia, a quien el ex jefe comunal conoció a través de su pareja.

Si bien la defensa logró dilatar el proceso, el fiscal Victor Facundo Daniel Cabral elevó la causa a juicio. Las pruebas que constan en la causa contra quien fue intendente de Garaví hasta 2021 -cuando fue reemplazado en el cargo por su hija, Paola Chukel- son la declaración de la víctima en Cámara Gesell, el informe psicológico que acreditó el impacto traumático de lo ocurrido en ella y las anotaciones de su propio diario íntimo.

En ese cuaderno la nena indicó haber sentido “asco” tras haber besado al ex intendente, que estaba de visita en su casa. “Ahora me jode y yo no le quiero ni ver. Es horrible: él tiene 50 años y yo tengo solamente 12, y cuando le besé no sabía qué estaba haciendo y me re arrepiento. Le odio también”, escribió.

En los operativos fueron también secuestradas camionetas, automóviles, armas de fuego, municiones, cigarrillos, embarcaciones y motores fuera de borda, bidones de agroquímicos, equipos VHF (handy), fardos de alfalfa y tabaco, bolsas de maíz y alpiste, maquinaria agrícola, paneles solares, elementos informáticos, documentación y dinero en efectivo. El valor calculado de todo lo incautado asciende a más de 60 millones de pesos. Los allanamientos se realizaron en las localidades correntinas de Gobernador Virasoro y Garaví y en las misioneras de El Soberbio, Colonia Rosales, San Vicente y Campo Viera.

Contrabando de soja

La investigación comenzó en marzo de 2021 y, como resultado de las medidas de prueba dispuestas desde entonces, la fiscalía requirió los múltiples allanamientos junto a once pedidos de detención, de los cuales seis se concretaron en los procedimientos. En relación con los cinco imputados restantes, el juzgado libró órdenes de captura y logró concretar una hasta el momento.

Las personas están acusadas de los delitos de contrabando de exportación de granos agravada, cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, y no se descarta que durante el desarrollo de la instrucción se compruebe la comisión de otros delitos por parte de los imputados. A los detenidos se los considera jefes y organizadores de una asociación conformada -por un número indeterminado de personas- con la finalidad de llevar adelante el contrabando de granos hacia Brasil, mediante una serie de hechos indeterminados, en forma constante e ininterrumpida, para lo cual habrían cometido otros delitos.

“El sofisticado y complejo entramado montado por la organización dificultó la detección de su accionar, lo que le permitió continuar con la actividad por un prolongado tiempo. A través de este accionar, desplegado en forma organizada, sistemática, constante y habitual, la organización logró impedir que el servicio aduanero pueda ejercer sus funciones, y así eludir el pago de los tributos a la exportación y extraer grandes cantidades de granos del territorio nacional por valores que superan ampliamente la suma de 500 mil pesos, estipulada por el Código Aduanero para distinguir el contrabando mayor del contrabando menor, obteniendo así máxima ganancia con la actividad ilícita”, aseguró el fiscal en su dictamen.

Una vez que los camiones cargados con granos llegaban a la provincia de Corrientes, en lugar de continuar su viaje a Misiones eran derivados a predios y/o galpones ubicados en Garaví y Gobernador Virasoro.

La imputación

De acuerdo con la hipótesis criminal esbozada por la fiscalía, la banda se habría dedicado a la planificación y concreción de un número indeterminado de maniobras de exportación ilegal de granos –soja y maíz– a la República Federativa del Brasil. Estas acciones las habrían desarrollado a través de puertos naturales no habilitados de la provincia de Corrientes, ubicados principalmente en la localidad de Garaví y zonas aledañas, sobre la costa del río Uruguay, dificultando e impidiendo –a través de distintas conductas delictivas– el control sobre las importaciones y las exportaciones.

La organización habría operado al menos desde marzo de 2021 hasta la actualidad, de manera ininterrumpida, concretando diversas maniobras de contrabando de exportación de grandes cantidades de soja y maíz por valores que exceden ampliamente la suma de 500 mil pesos. La fiscalía considera que todos sus miembros actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de las conductas desplegadas por cada uno de ellos y de su modus operandi.

Las maniobras

De acuerdo a la investigación, el ardid utilizado para concretar el contrabando de exportación consistía en simular el transporte interno de granos –es decir, de un lugar a otro de la República Argentina– a bordo de camiones, desde las zonas productoras hacia la provincia de Misiones, ocultando el verdadero destino, que era la República Federativa del Brasil.

Una vez que los camiones cargados con granos llegaban a la provincia de Corrientes –paso obligatorio para llegar por vía terrestre a Misiones–, en lugar de continuar su viaje hacia el destino aparente eran derivados a predios y/o galpones ubicados en Garaví y Gobernador Virasoro.

En ese lugar la carga era embolsada y luego trasladada en vehículos de menor porte hasta los puertos no habilitados de Garaví, sobre la costa del río Uruguay, desde donde eran cruzadas ilegalmente a Brasil en embarcaciones de pequeño porte.

La organización habría actuado en connivencia con funcionarios y/o empleados públicos -algunos identificados-, mediante el ofrecimiento y/o pago de sumas de dinero, para que omitieran controlar la operatoria ilegal.
La simulación del transporte interno de granos desde las zonas productoras de la Argentina (Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, entre otras) habría sido llevada adelante mediante la utilización de cartas de porte adulteradas o inválidas. Los datos de las cartas de porte utilizadas por la organización no coinciden con los registrados ante la AFIP-DGI, o se hallan anuladas, o directamente no se hallan registradas ante el organismo de control fiscal. En otras ocasiones, se habrían utilizado cartas de porte formalmente válidas, registradas ante la AFIP-DGI, pero la mercadería amparada por esos documentos no llegaba al destino que figuraba en ellos, sino a Brasil.

En algunas oportunidades, la organización habría transportado cargamentos de soja sin la carta de porte exigida por la AFIP-DGI para el transporte de granos, empleando documentación no válida –facturas o remitos– o directamente sin documentación alguna. Cuando las maniobras de transporte de granos se realizaban con documentación (formalmente válida o no), figuraba en ellas como transportista una de personas imputadas y como destinataria otra de los acusadas, ambas inscriptos ante la AFIP-DGI, lo cual permitía otorgarle un grado mayor de credibilidad a las maniobras.

Dado que la simulación de la legalidad del transporte de granos no garantizaba que el ardid no fuera detectado por los controles de las fuerzas de seguridad apostados en las rutas por donde circulaban los vehículos con las cargas destinadas al contrabando, la organización habría actuado en connivencia con funcionarios y/o empleados públicos -algunos identificados-, mediante el ofrecimiento y/o pago de sumas de dinero, en concepto de dádivas o sobornos, para que omitieran controlar la operatoria ilegal.

Si bien la logística de la actividad llevada adelante por la organización abarcaba distintas acciones y coordinaciones que tenían lugar en varios lugares, la base de operaciones habría funcionado principalmente en la localidad de Garaví, en un predio ubicado a escasos metros del puerto. Allí, la cría de ganado era la pantalla de la real actividad desplegada. Para ello, la organización habría actuado con la connivencia o colaboración de funcionarios públicos, como el exintendente de Garaví y un efectivo de la Policía de Corrientes que prestaba servicios en esa localidad.