Megaestafa por terrenos: Valdés confirmó cambio de directores

El Gobernador aseveró que reemplazará a los funcionarios detenidos en la investigación por la multimillonaria defraudación. Insistió en que alientan a la Justicia “para llegar a lo más profundo” y que no le sorprendió la cantidad de personas involucradas.

“Se reemplazarán a los directores”, fue la contundente afirmación del gobernador Gustavo Valdés, sobre los funcionarios a cargo del Registro de la Propiedad Inmueble y el titular de Catastro, detenidos en el marco de una investigación judicial en el caso conocido como la “megaestafa por terrenos”, por la venta irregular de los mismos. En la causa hay una docena de personas imputadas, todas ellas con prisión preventiva, a excepción de una que se encuentra prófuga.

El Mandatario provincial comentó, además, que ya tiene en carpeta los nombres de quienes serían designados al frente de ambos organismos y que la decisión es que sean “personas con prestigio, responsables y del ramo”.

Valdés, en el marco de una entrevista con época y Ñande Cable (que se concretó en la localidad de Bella Vista y que se podrá apreciar en su totalidad en la edición de mañana, domingo 18 de septiembre) dijo que no le sorprendió ni las detenciones ni la investigación de la Justicia porque alentaron la labor de ese poder del Estado para desenmarañar las supuestas acciones delictuales que se habrían perpetrados en los conflictuados organismos por sumas multimillonarias.

“Es imprescindible conocer la profundidad del daño al Estado, principalmente a la fe pública”, continuó Valdés. “Queremos saber qué es lo que pasó concretamente. Había una persona a cargo (del Registro de la Propiedad Inmueble) que venía de carrera, que fue impuesta, luego depuesta y finalmente repuesta por la Justicia. Actuó en complicidad con el segundo de otro organismo (que después del fallecimiento del titular) quedó a cargo. Como administradores del Estado, nos sentimos afectados”, comentó. En este sentido, expresó que firmó el decreto de Constitución como querellante en la causa.

En una anterior nota publicada por época el pasado 20 de agosto, Valdés había adelantado que se entrevistó con el Fiscal General (César Sotelo) para interiorizarse del caso y pedirle que con la investigación lleguen a lo más profundo, “hasta las últimas consecuencias”.

En esa oportunidad, el Mandatario correntino había señalado que le dio la orden al Fiscal de Estado para que se involucre y que observe de cómo era el sistema delictual que habrían implementado y el alcance del mismo.

“Los que participaron del hecho tienen que tener su castigo”, resaltó Valdés. “Si son muchos no es problema. Si es una asociación ilícita, es la Justicia la que debe darle esa salificación y tiene que actuar en este sentido”, sostuvo.

“Es la Justicia correntina la que está investigando, no es la justicia extraterrestre o la nacional. Es la Justicia correntina la que está actuando contra un organismo público que está en una maniobra de defraudación. Y que los funcionarios que están involucrados, sea por asociación ilícita o por estafa, deben ir presos. Y tienen que pagar, como cualquiera, y tener su sentencia”, había aseverado.

Miles de hectáreas que “cambiaron de dueño”

La causa está caratulada ahora como “Baez Gladys Dionisia y otros ps/sup asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público entre otros -Capital-“, expediente número 249.551/21. Según explicó la fiscalía del caso, “los delitos que se le imputan a las personas detenidas son asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, falsedad ideológica de instrumentos públicos”.

La punta del ovillo fue una denuncia sobre costosos terrenos en la zona de Santa Ana en que se fraguaban los documentos de propiedad y las escrituras oficiales. A partir de esas denuncias de hace un año y medio brotó esto de la asociación ilícita y una estafa a niveles muchos más amplios.

Entre los detenidos están la directora del Registro de la Propiedad e Inmueble de la Provincia, María Eugenia Demetrio, y el titular de la Dirección de Catastro, Narciso Toffoletti.

De acuerdo al informe emanado del Ministerio Público Fiscal, en la persona del fiscal de Instrucción N°6 de Capital, Gustavo Alejandro Roubineau, se informó que la investigación se viene desarrollando desde el año 2021 “y tiene por objeto indagar sobre una serie de defraudaciones cometidas contra una importante cantidad de inmuebles ubicados en territorio provincial que han sido despojados a sus legítimos dueños mediante escrituras públicas y otros documentos falsos, accionar que se atribuye a una organización o banda criminal integrada, entre otros, por escribanos, abogados y funcionarios públicos”.

En una nota publicada por época el pasado 26 de agosto, el fiscal Robineau había adelantado que “queremos llegar a fondo con toda esta organización”.

En este sentido, el representante de la Justicia había señalado, en cuanto a la megaestafa de terrenos: “Hablamos de más de una veintena de expedientes de ciudadanos comunes que, de un día para el otro, se levantaron y se enteraron que sus inmuebles tenían otros dueños”.

Más adelante en el diálogo periodístico, el fiscal Robineau también había indicado que los terrenos con ventas irregulares “son de distintas zonas”. Y apuntó a “unas 5 mil hectáreas en Loreto, terrenos en Riachuelo, Capital y el famoso loteo sobre la ruta de acceso a Santa Ana. Hay distintos inmuebles”.

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