Tras un proceso judicial exhaustivo, el intendente de Mercedes, Diego Caram, y varios de sus colaboradores fueron encontrados culpables de delitos relacionados con corrupción, incluyendo peculado y falsificación de documentos públicos.
Hoy se hizo pública una decisión crucial del Tribunal Oral Penal de Mercedes, ahora Tribunal de Juicio, de la tercera circunscripción, que marca un precedente en la lucha contra la corrupción en la provincia. Tras un riguroso proceso judicial, fue dictaminada la condena del intendente de Mercedes, Diego Caram, por una serie de delitos graves relacionados con corrupción.
Diego Caram, en su rol como intendente de Mercedes, fue declarado culpable de incumplimiento de funcionario público, peculado, falsificación de documentos públicos y sustracción de documentos. El tribunal, conformado por los doctores Jorge A. Troncoso, Juan Manuel I. Muschietti y Ramón A. Ríos, emitió esta sentencia unánime en la causa conocida como Sentencia 12/24.
Además del intendente Caram, otros funcionarios municipales también fueron hallados culpables de diversos delitos relacionados con corrupción. Pedro Brun, en calidad de coautor, fue condenado por peculado, falsificación de documentos públicos y sustracción de documentos. Claudio Deimundo, Mariángeles García Fariña, Gabriela Gómez y Cecilia Casco también fueron declarados culpables por distintas combinaciones de estos delitos.
La sentencia se basó en una evaluación exhaustiva de las pruebas presentadas durante el juicio, que incluyeron testimonios de 55 personas. Estos hechos de corrupción, que tuvieron lugar entre mayo y octubre de 2019, representan una violación grave de la confianza pública y demuestran la necesidad de una rendición de cuentas rigurosa en el ejercicio de la función pública.
La audiencia de cesura de pena, en la que se determinarán los castigos correspondientes, está programada para el próximo martes 7 de mayo a las 8 de la mañana. Esta condena envía un claro mensaje sobre la intolerancia hacia la corrupción y subraya la importancia de la transparencia y la ética en el servicio público.