El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había dicho que presentaría un escrito este miércoles. Es para opinar de manera formal sobre el reclamo de los demandantes para que la Argentina entregue sus acciones en la petrolera.
Este miércoles vence el plazo que la jueza Loretta Preska le había concedido al gobierno de Estados Unidos para presentar un escrito con su opinión sobre la eventual entrega de acciones de YPF en manos del Estado argentino a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera.
El documento -que estaba en evaluación- puede ser entregado hasta la medianoche. “Me da la impresión de que el escrito va a ser a favor de la Argentina, pero solamente tiene que ver con la entrega de las acciones de YPF. No se relaciona ni con el fallo, ni con la apelación, ni con el alter ego. Preska no está obligada a respetar la voluntad del Departamento de Justicia”, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue de cerca los juicios contra la Argentina.
El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, y su adjunto, David Farber, le habían escrito a Preska en septiembre que postergara su decisión hasta después de las elecciones, para que el Departamento de Justicia pudiera presentar una declaración de interés sobre la entrega de las acciones de YPF en manos del Estado argentino.
“El gobierno de los Estados Unidos está considerando activamente si presentar o no una Declaración de Interés respecto a la moción pendiente de orden judicial y entrega”, señalaba la misiva enviada a Preska.
Los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera estatal, entre los que se encuentran el síndico que lleva la quiebra de Petersen Energía Inversora S.A.U. y el fondo Eton Park Capital Management, buscan que el tribunal ordene a la Argentina entregar su 51% de participación en YPF como compensación parcial por los daños que alegan haber sufrido. Esta moción está actualmente en espera de la decisión del tribunal.
Una condena que ya cumplió un año
El 15 de septiembre se cumplió un año desde la decisión de la jueza Preska de condenar a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012. El fallo beneficia a los representantes de las empresas que eran accionistas minoritarias de la petrolera al momento de la estatización.
El reclamo es que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía (y finalmente le pagó con bonos) pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.
Desde el momento del fallo, la Argentina apeló la sentencia, mientras que los beneficiarios juntan unos US$1000 millones en la cuenta de intereses. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión. Entre ellas, iniciaron el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado sobre el que ahora Estados Unidos opinará formalmente.
Además, empezaron a buscar activos soberanos para embargar en EE.UU., Irlanda e Inglaterra. Al mismo tiempo, activaron la estrategia de “alter ego” para demostrar que el Estado argentino es lo mismo que YPF, de modo de poder avanzar sobre bienes del país. Con el mismo objetivo, pidieron información patrimonial sobre Aerolíneas Argentinas, BCRA, Banco Nación, ARSA y ARSAT y acceso a las comunicaciones de funcionarios actuales y de la gestión anterior.