Caso “Teto” Medina: todo lo que se esconde tras la comunidad terapéutica “La Razón de Vivir”

Por qué el lugar funcionaba con siete sedes y sin habilitación. El escándalo vuelve a poner en evidencia los déficits de una ley de salud mental sancionada hace 12 años y mal aplicada.

La detención de Marcelo “Teto” Medina por integrar una comunidad de recuperación de consumo de drogas sin habilitación, donde presuntamente se cometían actividades ilícitas (entre ellas, la reducción a la servidumbre, la explotación laboral…) actualiza el difícil asunto del control de las instituciones de salud mental y la casi nula aplicación de la ley sancionada en 2010, como contaba Clarín en un exhaustivo informe hace tres semanas.

Es la delicada situación de los pacientes, ahora boyando, sin su lugar en la comunidad terapéutica “La razón de vivir”, y son sus familiares, descolocados ante la noticia de la suspensión hasta nuevo aviso de la institución en la que confiaban, quienes le dan pertinencia a varias preguntas.

La primera y más importante, cómo una comunidad terapéutica (con pretensiones certeras en el ámbito sanitario) con sede en siete localidades pudo funcionar a la vista de todos sin ninguna habilitación y control de las autoridades competentes.

La segunda (pensando en las personas que se trataban ahí, quienes ahora deberán ser relocalizadas), cuán difícil es iniciar un tratamiento por consumo problemático de drogas en la Argentina. En especial, si se requiere internación.

Y, en especial, si la persona no tiene voluntad de recuperación.

Comunidades contra las drogas, en la mira

Siempre son casos (los “Chanos”, los “Pettinatos”) los que catapultan al tapete noticioso la salud mental y, en particular, las adicciones. Por lo demás, el tema tiende a no existir.

Numerosas voces están convencidas de que la discriminación que sufren las personas con adicción a las drogas no puede reducirse a una mera conducta social basada en el rechazo a lo desconocido y la elusión de lo peligroso. El ninguneo (por inacción o desidia) viene desde arriba.

Las cifras avalan esa mirada. La ley de Salud Mental fue sancionada en 2010 y reglamentada en 2013 (hace casi una década). Pretendió revolucionar el funcionamiento del sector, pero casi no se destinó dinero para hacerlo.

Una “revolución” hubiera implicado todo. Desde implementar capacitaciones que modernizaran la formación de los profesionales del sector hasta reacondicionar ediliciamente cientos de instituciones estancadas en el tiempo (las de perfil manicomial, las mal llamadas “granjas”…) y, lo que era un emblema de los impulsores de la ley, la creación de nuevos dispositivos intermedios para la contención de pacientes con distintos grados de necesidad. Las casas de medio camino, los hospitales de día, entre otros…

Todo, con el horizonte puesto en internar menos, externar más, contener mejor e insertar socialmente, como broche de oro a una recuperación exitosa.

Ocurrió poco. En parte, porque en lugar de destinarse el 10% del presupuesto del Ministerio de Salud (como estipulaba la ley), se envió solo el 2,7%, confirmó la propia directora nacional de Salud Mental, Mariana Moreno, en diálogo con este medio  hace un par de meses, cuando hacía muy poco había aterrizado en el cargo.

La grieta de la salud mental y las drogas

Este jueves, aun con el curioso revival noventoso que despierta la figura del “Teto” Medina, se abrió una oportunidad: mirar a las personas con consumo problemático de sustancias y a su familiares.

Muchos de ellos se quejan de que la condición socioeconómica determina la dificultad que implica lograr una internación. No es lo mismo pagar una cama en una institución privada que no tener cobertura y tramitar la internación en la Sedronar.

Pero lo difícil, explican también, es saber que la prolongación de la internación es absolutamente indispensable (porque la experiencia indica que la recaída, sin dudas, ocurrirá) y tener que lidiar con un sistema que va a contramano de la necesidad.

Es que, a veces con razón, y otras, por cumplir caprichosamente con la mayor consigna de la ley de 2010 (que se oponía, con razón, a los peores vicios del régimen previo), muchos profesionales firman la externación demasiado pronto, se quejan los familiares. El problema muchas veces vuelve. A veces, con consecuencias irreparables. 

Drogas e internación involuntaria

Dos fuentes ligadas a distintas comunidades terapéuticas enfatizan que la internación en sí no es tan difícil: se llama al 141 y la Sedronar resuelve. Omitamos que de los 600 dispositivos de la red que tiene el organismo, solo 150 tienen internación.

Y que de los 600 dispositivos de contención por drogadicción, 353 están en la provincia de Buenos Aires, 84 en CABA, 60 en Santa Fe, 31 en Córdoba y que al resto de las provincias les tocan menos de 25. Por ejemplo, a Santa Cruz o Catamarca, 5.

La mayor dificultad, aseguran, ocurre cuando la familia intuye que sería necesario internar a una persona que padece en forma severa el consumo de sustancias (o alguna afección psicoterapéutica), pero se opone a ser tratada.

Clarín habló de este tema con numerosas fuentes para el informe citado arriba y también este jueves. No hay quien no describa el trámite como tedioso o pesadillezco.

Bastan las palabras de Javier Silberman para dimensionar el problema. Es secretario general de la Mesa Nacional de Asociaciones y Profesionales Especializados en Adicciones y conduce la comunidad terapéutica San Mateo, en San Vicente, provincia de Buenos Aires: “La persona con consumo agudo casi nunca tiene voluntad de hacer tratamiento. Siempre se quiere ir”.

Para Silberman se requiere una ley de adicciones separada de la de Salud Mental: “Es muy difícil. Los chicos dicen ‘me quiero internar’, a las 9. A las 10 te dicen ‘no me quiero internar‘. La ley de Salud Mental va en la dirección de que nadie sea internado en contra de su voluntad. Es realmente muy complicado”.

Drogas y presupuesto

Es fácil recorrer los sinsabores de la salud mental y, una y otra vez, volver a foja cero: resulta que ya existe una normativa de adicciones separada de la ley de Salud Mental.

Es la llamada “ley IACOP”, o Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (26.394).

Fue sancionada en 2014. Nunca se reglamentó.

¿La razón? Dicen que la Sedronar y el Ministerio de Salud no se pusieron de acuerdo en quién sería la autoridad de aplicación de la normativa.

Para Silberman, “hoy se ve una Sedronar activa que intenta dar respuesta al sector, pero lo que pasó con este lugar no habilitado (La razón de vivir) da cuenta de que se necesitan más espacios. No alcanzan las plazas y el financiamiento es corto”.

Y concluyó: “Precisamos mejorar todo: ediliciamente, las instituciones… muchas cosas. El sistema está empobrecido, a pesar de que hay mucha gente que de vocación ama profundamente este trabajo”.