Las acusaciones van desde agresiones y bajas de los planes hasta pagos de $35.000 para contratar a un “piquetero suplente”.
Beneficiarias de planes sociales denunciaron que sus punteros políticos las obligaban a marchar embarazadas bajo la amenaza de quitarles el plan. En algunos casos, relataron que podían faltar solo si entregaban la mitad del monto cobrado -en la actualidad es de $78.000- para que se lo otorguen a un “piquetero suplente”.
Se tuvo acceso a las denuncias que el Gobierno recibió en la línea 134. Las carpetas con los testimonios sobre las irregularidades en el manejo del Potenciar Trabajo fueron presentadas ante el Juzgado Federal N°8.
Este medio habló con tres de las denunciantes que pidieron mantener en reserva su identidad por miedo a las agresiones de sus dirigentes.
Marchó hasta los 9 meses de embarazo y le dieron de baja el plan por no movilizarse con su bebé
Una exbeneficiaria que trabajaba en un merendero del grupo MTR Histórico en la provincia de Buenos Aires denunció a sus dos referentes por obligarla a marchar con 9 meses de embarazo y por darle de baja el plan tras no movilizarse con el bebé recién nacido.
“Me obligaron a marchar embarazada hasta los 9 meses. Marché hasta días antes de parir. Me hacían ir igual con calor y con lluvia. Cuando tuve a mi bebé, dejé de ir porque no lo quise exponer y me sacaron el plan. Hice la denuncia en Desarrollo Social y no tuve respuesta”, le expresó.
“Cuando planteé que no iba a marchar, propuse quedarme trabajando en otro lugar administrado por los mismos dirigentes y se negaron. No podía movilizarme porque estaba en los primeros meses de lactancia y porque nunca fue una opción exponer a mi bebé a las balas y al gas pimienta”, agregó.
Acusó también a los punteros de cobrarle aportes mensuales de $2000 los 5 de cada mes -cuando se cobra el Potenciar Trabajo- y de pedirle más plata cuando recibían un bono del Estado. “Estábamos obligados a comprar rifas para costear los bombos para las marchas”, amplió.
Además, la denunciante apuntó contra los dirigentes por quedarse con parte de la mercadería destinada a la gente y denunció que una de las referentas se construyó su casa con materiales del Estado. “Los pagos tenían que ser siempre en efectivo para que no quedaran pruebas”, detalló.