Una reciente encuesta realizada por el Observatorio de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral determinó que alrededor de 1/3 de los matriculados en educación no formal logra obtener empleo luego de concluir sus estudios.
Actualmente hay una demanda significativa para realizar cursos con rápida salida laboral, se trata de una motivación que representa más de 3 millones de consultas que los institutos reciben anualmente, que se traducen en un valor económico estimado de aproximadamente $3600 millones anuales. Sin embargo, sólo el 10% llega a matricularse, cerca de 350.000 alumnos por año, y poco más de 1/3 (entre 101,000 y 147,000 alumnos) logra obtener empleo después de completar sus cursos en alguno de los institutos de formación profesional y capacitación laboral de Argentina.
Según Hernán Martini, director del Observatorio y vicepresidente de la OIEP, “estos datos reflejan el potencial de este sector como dinamizador del mercado laboral y promotor de recursos calificados, y marca la importancia de perfeccionar y fortalecer la formación profesional y la educación permanente en Argentina. Algo que requiere un enfoque integral y políticas públicas efectivas”.
En este sentido, desde la Cámara, proponen diversas iniciativas orientadas al potencial desarrollo del sector multiplicando las posibilidades laborales a través de:
– Programas que complementen la Educación Formal: incluir módulos de capacitación técnica y profesional en los currículos de educación secundaria, así como la creación de puentes entre los institutos de formación profesional y las universidades, para ofrecer trayectorias educativas más flexibles y adaptadas a las necesidades del mercado laboral.
– Exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para Servicios de Capacitación Profesional: representa una barrera financiera y actúa como un impuesto a la capacitación para muchos individuos que buscan mejorar sus habilidades y competencias.
– Fomento de la Educación Permanente y Formación Profesional: la implementación de políticas que impulsen la educación continua entre la población. Esto podría incluir campañas incentivos para empresas que inviertan en la formación de sus empleados, y la creación de becas o subsidios para personas que deseen participar en programas de formación profesional.
– Establecimiento de un Marco Regulatorio y de Incentivos: que facilite y promueva la creación y expansión de institutos de formación profesional, incluyendo incentivos fiscales y apoyos financieros para entidades que contribuyan significativamente a la educación y capacitación profesional.
– Programas de Vinculación Laboral: que conecten directamente la formación profesional con oportunidades laborales, incluyendo la coordinación con empresas y sectores industriales para garantizar que la capacitación esté alineada con las necesidades del mercado.
Según Martini, “el desarrollo de políticas públicas de este tipo no sólo promueve la accesibilidad y calidad de la formación profesional y la educación permanente, sino que permiten integrar estos esfuerzos educativos dentro de un marco más amplio de desarrollo económico y social”.
Al adoptar un enfoque proactivo y colaborativo, el Estado puede desempeñar un papel clave en la capacitación de una fuerza laboral competente y preparada para los desafíos del futuro. “El conocimiento hoy en día se considera un activo primordial cuando se trata de planificar estratégicamente el desarrollo de una nación. Y este valor trasciende la mera óptica de las oportunidades de crecimiento económico, ya que también tiene el potencial de contribuir a una mejor distribución de recursos, mejorando así las condiciones de igualdad y fomentando el desarrollo humano”, concluye el referente del Observatorio de la Cámara.
En este sentido, la elaboración de políticas públicas en el ámbito de la educación y el empleo resulta esencial, partiendo la educación no solo como una inversión económica, sino también como una inversión social de gran alcance.