En las últimas horas, la Cámara concedió la excarcelación al titular de la Dirección de Catastro, Narcisco Toffoletti, y al jefe de Legales del Registro de la Propiedad e Inmueble, Pedro Verón. También salieron en libertad el abogado Iván Bordón y Héctor Leiva, según se supo.
La causa judicial conocida como la “Megaestafa por terrenos” registró en las últimas horas nuevas novedades, especialmente en cuanto a la situación de personas que estaban detenidas como imputadas por el caso que se investiga. Esto es, la Justicia finalmente concedió la excarcelación bajo caución juratoria a cuatro de detenidos de un grupo de más de una docena de integrantes que permanecían alojados en comisarías y otras dependencias policiales.
De esta manera, la Cámara de Apelaciones en los Criminal dispuso la libertad del titular de la Dirección de Catastro, Narcisco Toffoletti, y del jefe de Legales del Registro de la Propiedad e Inmueble, Pedro Verón. También salieron en libertad el abogado Iván Bordón y Héctor Leiva, según se supo.
La causa está caratulada como “Báez Gladys Dionisia y otros p/supuesta asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros”. En este marco se investiga la venta de terrenos en distintos puntos de la provincia con inscripción y títulos de propiedad irregulares. Por eso, el escándalo salpicó al Registro de la Propiedad Inmueble como a la Dirección de Catastro de la Provincia.
En esta causa, que se sustancia en el Juzgado de Instrucción N°3, es que además de Toffoletti, también había sido detenida como implicada en el caso la ahora exdirectora del Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes, la escribana María Eugenia Demetrio. La exfuncionaria, vale recordar, había logrado su excarcelación hace dos meses, al igual que lo había hecho días antes la segunda al mando en dicho organismo provincial, María Bernarda Correa.
Hace cuatro meses se habían realizado una serie de allanamientos simultáneos dispuestos por el Juzgado local con la colaboración de efectivos de la Prefectura Naval. En esa ocasión, se inspeccionaron oficinas del Registro de la Propiedad y de Catastro, se llevaron documentaciones ligadas a la investigación y se detuvo a más de media docena de personas, entre funcionarios públicos, escribanos, abogados y colaboradores.
La venta e inscripción de terrenos se desató hace un año cuando se denunciaron irregularidades en el loteo de terreno en la zona de la ruta de acceso a la localidad de Santa Ana. Luego, según la investigación, se detectaron mismas maniobras ilegales en casos de predios y casas de distintas localidades del interior provincial.
Mientras continúa la investigación, se plantearon en su momento las solicitudes de excarcelación, pero fueron rechazadas por el Juzgado. Sin embargo, las mismas fueron apeladas a Cámara, donde finalmente lo consiguieron para el caso de al menos seis personas que están como imputadas.
En el caso de Narciso Toffoletti, el titular de la Dirección de Catastro, “en su impugnación el defensor alegó que su asistido desde el primer momento colaboró con la investigación, que no ocultó pruebas, que puso a disposición de la Justicia sus teléfonos celulares y las contraseñas”, indicaron en la resolución a la que tuvo acceso época.
También en ese contexto se planteó que “a Toffoletti se le imputan una serie de actos delictivos, pero no se especifica concretamente cuál fue su participación y agrega que no posee antecedentes penales”.
Ahora bien, en el caso de Pedro Verón, su abogado Matías Aquino señaló ante la consulta de época que “la excarcelación fue presentada luego de la declaración del doctor Verón, que fue el 28 de octubre último, cuando él declaró por dos horas y el fiscal (Gustavo) Robineau le hizo muchas preguntas, todas referidas al proceso de inscripción y de registración”.
Posteriormente, “se presenta la excarcelación en la primera semana de noviembre y fue rechazada por el Juzgado de Instrucción N°3. Y ese rechazo fue apelado por nosotros y Cámara, con buen tino, pudo otorgarnos la libertad del doctor Pedro Verón”, resaltó Aquino.
“Los fundamentos fueron que no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento del proceso. En todo momento Verón se mostró abierto a producir y ofrecer pruebas: fue uno de los pocos –y en eso hace alusión la Cámara- demostró un gran interés en el avance de la causa.
El doctor Verón fue el denunciante de la causa y a partir de ahí fue que se descubrió todas estas cuestiones”, indicó el abogado.
“Así –continuó-, Cámara dispone el 15 de diciembre con los fundamentos de que no hay riesgo de fuga, se debe dar la excarcelación y hoy el Juzgado hizo lugar a esto y dispuso la libertad de Verón”, resaltó.
La punta del ovillo
La punta del ovillo de la causa fue una denuncia sobre costosos lotes en la zona de Santa Ana en que se fraguaban los documentos de propiedad y las escrituras oficiales.
Así, se investigan los delitos de “asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, falsificación de documentos públicos, falsedad ideológica de instrumentos públicos”.
“El Registro de la Propiedad no hace estudio de título”, advirtieron
El abogado de Verón, el doctor Aquino, se explayó en cuanto a la investigación y los puntos centrales de defensa del imputado.
Al respecto destacó: “El Registro de Propiedad no hace estudio de título, esa es función del escribano. El Estado en su amplia potestad delegó en el notario la fe pública. Así entonces todo lo pasado por el notario da fe y se da como cierto. El registro solamente tiene la función de cotejar el documento y analizar las formas extrínsecas (no intrínsecas). No hace estudio de título, esa es función del escribano”, remarcó.
Respecto del delito de asociación ilícita, Aquino indicó que “no se describe el hecho, forma o modo de participación del mismo en el delito enrostrado a Verón. Se configura el delito de asociación ilícita si un número considerable de individuos se asocia, no ya para cometer este o aquel delito, sino una ‘serie de delitos’ pero mínimamente se requiere que se establezca el carácter, función, actividad, como miembro de tal organización criminal”.
“Nada. Absolutamente nada se dice de ello y la imputación no es sino un grosero exceso en la actividad acusatoria sin la más mínima prueba al respecto”, sostuvo.
“Es evidente que Verón no forma parte de una asociación criminal, no tiene vínculos con otros imputados detenidos, a diferencia de otros colabora con la Justicia, ofrece y produce pruebas”, afirmó.
También consideró en este sentido que “subjetivamente el delito requiere que el autor conozca y quiera formar parte de una asociación ilícita y que ella tenga como finalidad cometer delitos y nada de esto se describe, rol, actividad, intención…”.
Sobre el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, señaló que “mi defendido fue quien formalizó la denuncia al detectar en algunos fraudes y documentación dudosa, lo que motivó el inicio de esta investigación. Su función es el control de legalidad formal (no sustancial) de la documentación que se presenta al Registro de la Propiedad (actividad registral y de publicidad) que le presentan los escribanos, abogados, con instrumentos públicos efectuados por escribanos o resoluciones judiciales”.