El Poder Judicial de Corrientes informó este viernes que un ex cuñado envuelto en una disputa de violencia decidió interrumpir el servicio de una vivienda donde viven los hijos de su hermano, quienes serían sus sobrinos. La mujer víctima de la situación, y en consecuencia sus hijos, denunció el caso en una audiencia judicial que los reunió a ella y su ex pareja para hablar sobre el régimen comunicacional que tendrán. En consecuencia, al oír el hecho, la jueza ordenó inmediatamente la reconexión del suministro eléctrico, agua y refrigeración en la vivienda donde vive la mujer con sus hijos.
Vera (nombre ficticio) acudió al Tribunal para resolver temas pendientes con su expareja: la tenencia de sus hijas, los alimentos y el uso de la vivienda familiar que ambos habían construido con esfuerzo. El pasado 13 de noviembre de 2024, la jueza María Gabriela Dadone, titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°2, le otorgó a Vera el uso exclusivo del hogar conyugal, una modesta vivienda situada en un terreno familiar.
Sin embargo, en una audiencia posterior para definir el régimen de comunicación, Vera denunció una situación preocupante: su ex cuñado Julián , vecino lindero y hermano de su ex pareja, había cortado el suministro eléctrico que abastecía a su casa, dejándola a ella y a sus hijas de 12 y 6 años sin luz, agua caliente ni refrigeración. La caja de luz que alimentaba ambas viviendas se encontraba en el inmueble de Julián, quien simplemente bajó la llave y dejó el hogar de Vera en la oscuridad.
La jueza Dadone calificó esta acción como un claro acto de violencia familiar, que representa una forma de ejercer control y poder a través de la privación de servicios esenciales. Sin esperar una denuncia formal, la magistrada actuó de oficio: ordenó la reconexión inmediata del suministro eléctrico y la apertura de un expediente por violencia familiar contra Julián. Además, notificó al Ministerio Público Fiscal para que evalúe si corresponde investigar un posible delito de usurpación por turbación de la posesión.
Para evitar futuras vulneraciones, se dispuso la instalación de un medidor de luz independiente para Vera, garantizando así el acceso autónomo a la electricidad. Se instruyó que el hermano del denunciado se haga cargo de los gastos de instalación, y que Julián restablezca el servicio de forma inmediata hasta la colocación del nuevo empalme.
Este caso expone una modalidad de violencia menos visible pero igualmente grave: la violencia patrimonial y ambiental, cuando se perturban las condiciones básicas de vida de una persona para forzar su abandono o sometimiento. La intervención judicial no solo restituyó un derecho fundamental, sino que también visibilizó la necesidad de prestar atención a los conflictos que sobreviven a los procesos de divorcio, donde la violencia puede manifestarse en formas silenciosas pero contundentes.