El Departamento de Estado norteamericano volvió a asegurar que hubo fraude en las elecciones y acusó al chavismo de violar derechos humanos y civiles.
Estados Unidos decidió apretar el acelerador y redoblar la presión contra Nicolás Maduro y su gobierno. En una acción conjunta, el Departamento del Tesoro anunció fuertes sanciones contra 16 funcionarios chavistas y, simultáneamente, el Departamento de Estado advirtió que identificó a 2000 personas ligadas al ejecutivo plausibles de recibir restricciones de visas.
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Tal como informó a través de un comunicado del Departamento de Estado, el gobierno del presidente Joe Biden intervino en respuesta al “fraude electoral” para que el mandatario Nicolás Maduro y sus representantes rindan cuentas “por obstruir” las elecciones presidenciales” y “abusar de los derechos humanos”.
“En lugar de respetar la voluntad del pueblo (…) se han atribuido falsamente la victoria mientras reprimían e intimidaban a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza”, afirma en un comunicado firmado por Antony Blinken.
Entre los sancionados figuran líderes de la autoridad electoral, la Corte Suprema y “la asamblea nacional afiliada a Maduro”, militares y miembros de los servicios de inteligencia.
Destacan Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta de la Corte Suprema, Rosalba Gil Pacheco, rectora del Consejo Nacional Electoral, Domingo Antonio Hernández Lárez, el número tres de la fuerza armada, responsable de las operaciones militares, y Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Los 16 funcionarios “impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos”, sostiene el gobierno de Biden, que reclama desde el 28 de julio el detalle de las actas.
Las sanciones implican la congelación de los activos que los sancionados posean directa o indirectamente en Estados Unidos, así como la prohibición de que cualquier persona o empresa estadounidense haga negocios con ellos.
Paralelamente el Departamento de Estado “toma medidas para imponer nuevas restricciones de visa”.
Washington asegura que “las tácticas de intimidación” del gobierno venezolano, incluida la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial “exitoso” Edmundo González Urrutia obligaron a éste a salir de Venezuela para pedir asilo en España.
González Urrutia actuó en representación de la líder opositora María Corina Machado, después de que las autoridades la inhabilitaran políticamente, por lo que no pudo participar en los comicios. Ella se ha quedado en Venezuela y asegura que la oposición ha ganado las elecciones por amplio margen.